Participación Ciudadana valora la Sentencia TC-01225-25 como un avance decisivo para la igualdad

Santo Domingo.- El movimiento Participación Ciudadana celebró la reciente Sentencia TC-0122-25 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de estas instituciones.

La organización destaca que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, protegida por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. Además, la sentencia fortalece la institucionalidad democrática al ordenar la adecuación de todas las normas internas, tanto de cuerpos castrenses como de instituciones públicas y actores privados, al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

Los artículos anulados, el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por mantener relaciones sexuales consensuales con personas del mismo sexo, independientemente del ámbito en que ocurrieran. Participación Ciudadana subraya que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que legitimaron durante décadas la desigualdad estructural en la carrera policial y militar. Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, vulneraban concretamente los derechos de los homosexuales que sirven al país en estas instituciones.

“El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó la entidad.

La entidad valoró la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.

La organización reiteró que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos y para los particulares. En ese sentido, exhortó a las instituciones del sector seguridad y defensa a adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos, procedimientos internos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional reafirmado por esta decisión.

“Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, concluyó la organización.

Llamado a ciudadanía y medios de comunicación

Participación Ciudadana hace además un llamado firme a la ciudadanía y a los medios de comunicación a elevar el rigor informativo y evitar ser presa fácil de la desinformación, el morbo o el sensacionalismo que muchas veces surge a partir de titulares amarillistas o reacciones emotivas en redes sociales.

En tiempos marcados por bulos, noticias falsas y discursos que distorsionan debates esenciales, es indispensable que la población lea, contraste y verifique el contenido real de decisiones tan relevantes como una sentencia del Tribunal Constitucional. La entidad recordó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa desde la información veraz y el análisis crítico, y subrayó que la lectura responsable más allá del titular es un acto de ciudadanía activa.