PGR incauta provisionalmente vivienda de Jochi Gómez por caso Intrant

Santo Domingo.-  El Ministerio Público incautó de manera provisional este viernes el apartamento de José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, ubicado en la Torre Logrobal del Distrito Nacional, como parte del proceso judicial que se le sigue por presuntos actos de corrupción y estafa contra el Estado.

Asimismo, explicó que una incautación provisional es una medida precautoria que toma el Ministerio Público con fines de comiso, la cual debe ser posteriormente ratificada por un juez durante el juicio de fondo.

“Para que el inmueble pase a decomiso, hay que demostrar que fue adquirido con dinero ilícito. Si eso no se prueba, el juez ordenará su devolución”, detalló Balcácer.

El abogado aclaró que, aunque Gómez no puede vender, cambiar ni realizar ninguna transacción con el apartamento, sí puede seguir habitándolo mientras la propiedad permanezca inmovilizada judicialmente.

Se recuerda que la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había establecido como fecha límite el pasado 8 de octubre para que el Ministerio Público concluyera la investigación.

La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., de ser el principal beneficiario económico de la presunta adjudicación fraudulenta de contratos millonarios otorgados por el Intrant a empresas que según las autoridades carecían de la capacidad técnica requerida.

Sobre el caso: ¿Cómo inició todo?

1. Contrato con Transcore Latam y licitación con Intrant

En 2023, el Intrant convocó una licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

La empresa que ganó fue Transcore Latam, SRL, la cual luego se descubrió que pertenece en gran parte (al menos 80 %) a José Ángel “Jochy” Gómez Canaán.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) detectó serias irregularidades en ese proceso de licitación: falsificación de documentos, composición accionaria confusa (con accionistas ocultos o con estructura diseñada para disfrazar quién era el dueño real), movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.

2. Investigación y suspensión del contrato

Tras descubrir esos hallazgos, la DGCP suspendió el contrato y remitió la investigación al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

A finales de agosto de 2024 se registró un “apagón” en la red semafórica del Gran Santo Domingo, y se denunció un saboteo de esa red, atribuible al contrato irregular.

El Ministerio Público ha bautizado el caso como Operación Camaleón. En ese marco, imputa a Jochy Gómez y al exdirector del Intrant, Hugo Beras, entre otros, por delitos como estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica.

Jochy Gómez ha sido citado varias veces por Pepca para rendir declaraciones y ha enfrentado interrogatorios formales.

Entre las medidas solicitadas por el Ministerio Público figuran la prisión preventiva para Jochy Gómez y otros implicados. También se ha pedido que el caso sea declarado complejo, dada su magnitud.

Gómez, por su lado, ha defendido su posición afirmando que recibió solo un anticipo y ha alegado que algunos señalamientos provienen de interpretaciones incorrectas o de una narrativa mediática en contra de su persona.

Aspectos centrales y puntos críticos

Falsificación y transparencia: Uno de los grandes problemas señalados es que la estructura de Transcore Latam incluía accionistas que no estaban claros, o documentos que parecían diseñados para ocultar el control real de la empresa.

Sabotaje de redes semafóricas: Se denunció que la red semafórica fue saboteada, lo cual agravó el tráfico y generó caos en la capital. Esa supuesta interrupción fue parte de las acusaciones en el expediente.

Red de vigilancia / espionaje: Otra acusación grave es que se habría instalado una red de radiocomunicación privada (frecuencias en la banda de 2,300 MHz) que podría permitir interceptar comunicaciones, datos personales, etc. Esta parte del caso ha generado gran preocupación por los posibles abusos de poder.