
Publicado en Nacionales, hace 21 minutos
Santo Domingo.- La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo Fernández, afirmó este miércoles que el Poder Judicial impulsa una justicia abierta orientada a garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad, en línea con el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
La magistrada Salcedo Fernández destacó que la justicia abierta es clave para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, al tiempo que aseguró que el Poder Judicial avanza en la implementación de herramientas digitales accesibles, así como en la promoción de una cultura institucional basada en la inclusión.
Salcedo señaló que uno de los principales retos es continuar eliminando barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, mediante la adecuación de edificios judiciales con rampas, ascensores, señalización en braille, sistemas de audio e intérpretes de lengua de señas dominicana.
La jueza informó que el personal judicial recibe capacitación continua en derechos humanos y discapacidad, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales.
Añadió que la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) desarrolla materiales didácticos, programas de formación y adecuaciones curriculares para fortalecer el trato digno y el enfoque inclusivo.
Entre las iniciativas ya implementadas destacan la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad, el Plan de Accesibilidad, la Guía de Trato Digno, y protocolos para el acceso a la justicia de niños, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, personas migrantes y población LGBT+.
También resaltó la formación y certificación de 42 intérpretes de lengua de señas, quienes brindan soporte en audiencias y entrevistas forenses a víctimas, testigos o imputados con discapacidad auditiva.
Las acciones inclusivas han permitido al Poder Judicial obtener reconocimientos como el Sello RD Incluye, así como distinciones en categorías Oro, Plata y Bronce por sus avances en accesibilidad universal, impresión en lectura fácil de la Política de Igualdad, censos sociodemográficos con indicadores de discapacidad y fortalecimiento de los Centros de Entrevistas Forenses.