Poder Judicial y Suprema Corte como garantes frente al poder

El artículo 152 de la Constitución Dominicana establece: “La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización”.

Tanto poderío y solemnidad le otorgó el legislador a la Suprema Corte de Justicia, que dentro de las atribuciones que le confiere el artículo 154 de la carta magna, inciso 1, se encuentra la de conocer en única instancia las causas penales seguidas contra el presidente y el vicepresidente de la República, a senadores, diputados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, ministros y viceministros, el procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las Cortes de Apelación o equivalentes, jueces de los Tribunales Superiores de Tierras, de los Tribunales Superiores Administrativos, del Tribunal Superior Electoral, al Defensor del Pueblo, miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior, y miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria.»

Pero, más aún, el artículo 129 de la propia Constitución establece que, a falta del presidente de la República y del vicepresidente, asumirá interinamente el Poder Ejecutivo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya asumido dichas funciones, deberá convocar a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los quince días posteriores y elija a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta que se haya realizado dicha elección.

Los artículos 129 y 154 de la Constitución Dominicana le confieren, tanto a la Suprema Corte de Justicia como a quien ostente el cargo de presidente, la confianza, superioridad y jerarquía ante cualquiera de las circunstancias que se presenten, categoría para organizar todo el proceso de sucesión presidencial y vicepresidencial en los días venideros.

Pero, los últimos eventos ocurridos respecto a los delitos de opinión juzgados por ciertos jueces, me generan las siguientes preguntas puntuales sobre este órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales:

¿Puede la Suprema Corte, el Poder Judicial y el sistema integrado de jueces estar doblegados ante los caprichos del Poder Ejecutivo?

¿Puede la Suprema Corte de Justicia y su Consejo del Poder Judicial ignorar el comportamiento de ciertos jueces que, abiertamente, desatienden el principio estructural de la separación de poderes del Estado, actuando como emisarios del Poder Ejecutivo, cuando dicho principio establece una división clara entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

¿Cómo es posible que algunos jueces traten a personas que ejercen la opinión pública del mismo modo que a narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas o contrabandistas?

¿Cómo se explica, en el balance social, que una persona acusada de narcotráfico, y además apresada en un aeropuerto mientras intentaba salir del país, reciba como medida de coerción una garantía económica impuesta por una jueza, mientras que a comunicadores se les imponen medidas como impedimento de salida, presentación periódica y hasta grillete electrónico?,

Y peor aún, ¿cómo se justifica dicha acción, cuando el supuesto daño ocasionado por el comunicador a la víctima es eminentemente moral?

El poder es pasajero, y el Poder Judicial tiene que permanecer al margen de los abusos del poder. De nada le vale al poder, influir en jueces para lograr condenas, cuando el poder de comunicar y la narrativa no la tiene un grupo exclusivo, sino aquellos que tienen la capacidad de investigar.

Es necesario que algunos jueces entiendan la superioridad del poder al que pertenecen, la visión estructural que el legislador confirió a la Suprema Corte de Justicia, y por demás, a los hombres de a pie, porque para ellos es que necesariamente se tiene que impartir justicia.