Por colaborar: Ministerio Público varía solicitud de coerción a tres imputados en caso Senasa

Miguel Valerio niega que imputados que admitieron cargos hayan señalado a Hazim como receptor de sobornos

De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, aseguró que el llamado “testigo estrella” del Ministerio Público se benefició con el perdón en al menos dos procesos de corrupción, lo que, a su juicio, pone en entredicho la credibilidad de su testimonio dentro del caso.

Valerio sostuvo que, contrario a lo afirmado por el Ministerio Público y algunos abogados querellantes, los tres imputados que han admitido haber pagado sobornos dentro del presunto entramado corrupto en SeNaSa no han señalado directamente a Hazim como receptor de esos pagos. Indicó que ninguna de las declaraciones atribuye al exfuncionario la recepción de dinero ilícito.

Durante sus declaraciones, el jurista también recordó que el Código Procesal Penal establece la aplicación de medidas especiales para personas que padecen condiciones de salud delicadas, como es el caso de Hazim, quien enfrenta una enfermedad crónica. En ese sentido, afirmó que la prisión preventiva no sería una medida proporcional ni adecuada.

El abogado expresó que espera qu

De igual forma, más temprano, mediante una carta, el neurólogo Luis Taveras Guzmán, médico tratante de Hazim, recomendó que al exfuncionario se le aplique una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Esto se debe a que padece esclerosis múltiple, una condición neurológica crónica. Dicha enfermedad requiere tratamiento especializado fuera del país.

De acuerdo con el especialista, Hazim necesita recibir inyecciones de medicamentos al menos dos veces al año en Nueva York. El tratamiento fue clave para mantener estable su condición de salud. Por ello, considera imprescindible que no se le imponga impedimento de salida del país. En caso de coerción, se valore el arresto domiciliario u otra medida compatible con su estado clínico.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra la mayoría de los imputados.
Además, pidió que el expediente sea declarado caso complejo. La solicitud se sustenta en el nivel de organización, la extensión temporal y el alcance del presunto esquema de desvío de fondos. Dicho esquema habría afectado la gestión interna del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Según la acusación, los fondos habrían sido desviados mediante mecanismos estructurados, lo que justificaría la complejidad del proceso y permitiría a los fiscales ampliar los plazos de investigación para incorporar nuevas pruebas y posibles implicados. El órgano acusador sostiene que la red operó durante varios años con la participación de múltiples actores.

Entre los imputados que comparecen ante el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, figuran Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heidi Mariela Pinela.

e, de imponerse una medida de coerción, el tribunal opte por un arresto domiciliario u otra medida menos gravosa. Señaló que esta decisión debe atender a la situación médica del exdirector de SeNaSa. Agregó que también deben prevalecer los principios de humanidad y proporcionalidad que rigen el proceso penal.