Publicado en Gubernamentales, hace 20 horas
Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, devolvió al Congreso Nacional la ley recientemente aprobada que crea el Ministerio de Justicia, tras señalar la necesidad de introducir ajustes puntuales en las atribuciones y el alcance institucional de la nueva entidad.
A pesar de que el Senado de la República había convertido el proyecto en ley el pasado 23 de julio, el mandatario envió una correspondencia a la Cámara Alta para observar la normativa, que fue elaborada por los senadores Cristóbal Castillo (PRM) y Félix Bautista (FP).
En la carta, firmada por Abinader, se plantean modificaciones en tres artículos clave: el 6, el 9 y el 22, además de sus numerales y párrafos.
Entre los cambios más significativos que se proponen, se encuentra la reformulación del artículo 6, con el objetivo de dejar claro que el diseño de la política criminal del Estado es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, según lo establecido en el artículo 169 de la Constitución. No obstante, se especifica que la ejecución de dicha política debe ser coordinada con otras dependencias del Estado.
Asimismo, en el artículo 9, el presidente sugirió redefinir las funciones del nuevo Ministerio de Justicia, especificando que este será el encargado de coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado, el Sistema Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Penitenciario y Correccional, y los asuntos registrales bajo su competencia.
Además, se contempla que el ministerio participará, bajo instrucciones presidenciales, en la formulación de la política criminal.
El artículo 22, por su parte, fue revisado para incluir un nuevo texto que detalla el rol del Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad.
Según las observaciones del presidente, este viceministerio deberá asistir al ministro en la planificación de políticas, siguiendo las directrices del presidente, pero sin interferir en las competencias de otras dependencias internas.
El presidente Abinader subrayó la importancia de estos ajustes para asegurar que la nueva ley se ajuste plenamente a las necesidades institucionales y constitucionales del país.
La normativa volverá al Congreso para su consideración, y el Ejecutivo espera que los cambios propuestos sean evaluados y aprobados a la mayor brevedad.