Reforma al Código Penal aprobada en Senado vulnera garantías constitucionales, dice la Finjus

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) advirtió este jueves que el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) aprobado por el Senado y actualmente en estudio en la Cámara de Diputados contiene disposiciones que podrían vulnerar derechos fundamentales y debilitar el debido proceso establecido en la Constitución dominicana.

En una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la entidad presentó un análisis técnico detallado con observaciones sobre varios artículos del proyecto, los cuales, de no ser corregidos, implican un retrocesos en materia de garantías judiciales, libertad personal y control del poder punitivo del Estado.

El documento, firmado por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y elaborado por una comisión técnica coordinada por el jurista Francisco Álvarez Martínez, surge en el marco de la revisión legislativa ordenada tras la sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional por vicios de forma la Ley 10-15.

Principales observaciones

La fundación sostuvo que, aunque el texto contiene avances, varias reformas “representan riesgos graves para el equilibrio entre la eficacia procesal y la protección de los derechos ciudadanos”.

Entre los artículos cuestionados, la entidad destaca:

-Rebeldía del imputado (arts. 101 y 102): Elimina la necesidad de probar la intención de sustraerse del proceso, reduciendo el estándar judicial y afectando el principio de proporcionalidad.

-Plazo razonable y duración máxima (arts. 146 y 151): Sustituyen plazos objetivos por criterios discrecionales, lo que puede justificar demoras estructurales y contradice precedentes del Tribunal Constitucional.

-Interceptación de telecomunicaciones (art. 196): Amplía el tiempo de duración y los supuestos para autorizar escuchas telefónicas, reduciendo los controles judiciales y “transformando una medida excepcional en una herramienta de vigilancia expansiva”.

Prisión preventiva (art. 238): Aumenta los supuestos que permiten aplicarla, lo que, según Finjus, convierte esta medida en “una práctica casi ordinaria” y vulnera el principio de excepcionalidad.

Querella y archivo del caso (arts. 273 y 285): Concentran en el Ministerio Público facultades antes sujetas a revisión judicial, debilitando la tutela judicial efectiva.

Plazos procesales (art. 377): Extiende la duración máxima del proceso penal de cuatro a seis años y la prisión preventiva de 18 a 24 meses, institucionalizando la lentitud procesal.

-Apelación (art. 439): Elimina la posibilidad de ordenar un nuevo juicio en casos con vicios sustanciales, limitando la revisión material del doble grado de jurisdicción.

Llamado al Congreso

Finjus consideró que la reforma al CPP es una oportunidad para modernizar la justicia penal y fortalecer la confianza ciudadana, pero subraya que debe hacerse “sin sacrificar garantías constitucionales ni debilitar el control judicial”.

En su misiva, la entidad solicitó a la Cámara de Diputados que la comisión que estudia el proyecto le conceda un espacio de trabajo para presentar sus propuestas de mejora, en aras de construir un texto más equilibrado y conforme a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.

“Estas observaciones buscan contribuir de manera técnica y constructiva a una ley coherente, sostenible y sólida desde la perspectiva constitucional”, expresó Finjus en el documento.

La institución reiteró su disposición de seguir colaborando con el Congreso Nacional y los actores del sistema de justicia “en una reforma procesal penal inclusiva, racional y alineada con las mejores prácticas internacionales”.