Publicado en Económicas, hace 4 años
Santo Domingo.- La Ley General de Educación 66-97 establece, en su artículo 197, que el gasto público en educación debe alcanzar un mínimo de un 16% del Presupuesto General del Estado o un 4% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente.
Sin embargo, una cosa es lo que dice la legislación, la cual entró en vigor con 13 años de retraso, y otra lo que demuestran las estadísticas cuando se analiza la ejecución anual presupuestaria en el período 2013 y 2020, éste último caracterizado por una caída en la economía de -6.7% y un aumento en algunas partidas para hacerle frente a la pandemia del covid-19.
En el período analizado se presupuestó RD$1 billón 129,998.8 millones, pero se ejecutó RD$1 billón 109,864.5 millones, lo que genera un promedio de 98.05% anual respecto a lo presupuestado. Estos datos establecen que hay RD$19,971.1 millones que quedaron sin ejecutar entre 2013 y 2020, a pesar de que durante el año de la pandemia el Ministerio de Educación recibió poco más de RD$10,700 millones adicionales para implementar la virtualidad en el proceso de aprendizaje, que incluyó la contratación de una red de canales de televisión y emisoras de radio en todo el país.
En promedio, le ejecución alcanzó el 3.85% del PIB anual. En 2020, con una caída neta del producto que rondó los US$10,000 millones, el nivel de ejecución superó el 4.5%, por lo que la relatividad jugó a favor del porcentaje destinado al sistema educativo preuniversitario. En términos sencillos, si no se produce una contracción de la economía y una mayor erogación para el sector, la inversión para la educación también se hubiera quedado por debo de lo que establece la Ley 66-97.
Según el Informe sobre la Situación y Evolución de la Ejecución Presupuestaria del 4% a educación, el PIB pasó de US$57,923 millones, en 2013, a US$79,345.6 millones, en 2020. En 2019 había cerrado en US$88,952.8 millones, es decir, US$9,607.2 más.