Una campaña anticipada

Las campañas políticas a destiempo en la República Dominicana, conocidas popularmente como “campañas adelantadas”, representan una persistente y preocupante violación a las leyes electorales.

A pesar de que la ley establece periodos definidos para el inicio de las actividades proselitistas, numerosos partidos y precandidatos ignoran esta normativa, saturando el espacio público con publicidad, mítines y promesas mucho antes del plazo legal.

Esta práctica no solo crea un campo de juego desigual, favoreciendo a quienes poseen mayores recursos económicos para financiar estas actividades prolongadas, sino que también debilita la institucionalidad democrática.

La falta de consecuencias efectivas para quienes violan la ley envía un mensaje de impunidad, socavando la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y en las autoridades encargadas de su regulación.

Este fenómeno impacta negativamente la calidad del debate público. Al iniciar las campañas con tanta antelación, los temas de fondo y las propuestas de políticas públicas quedan a menudo relegados a un segundo plano, en favor de una exposición mediática superficial y de eslóganes vacíos.

Los ciudadanos se ven expuestos a un bombardeo constante de propaganda, lo que puede generar apatía y fatiga electoral. Además, el gasto excesivo en estas campañas prematuras desvía recursos que podrían ser utilizados de manera más productiva y fomenta un ciclo vicioso de inversión desproporcionada en la política, en lugar de en la gestión gubernamental o en el desarrollo social.

La Comisión de Ética y Transparencia y la Junta Central Electoral a menudo se ven limitadas en su capacidad para actuar, ya sea por falta de dientes legales o por presiones políticas.

Para fortalecer nuestra democracia, es imperativo que las autoridades electorales actúen con firmeza y sin titubeos. La Junta Central Electoral, en particular, debe aplicar las sanciones establecidas en la ley de manera consistente y sin importar el partido o la persona involucrada.

Es crucial que se impongan multas, suspensiones o cualquier otra penalidad que disuada a los actores políticos de seguir esta práctica. A su vez, la sociedad civil y los medios de comunicación tienen un rol fundamental en denunciar estas irregularidades y en exigir transparencia y rendición de cuentas.

Solo a través de una acción colectiva y el respeto irrestricto a las normas, podremos garantizar que los procesos electorales sean justos, equitativos y verdaderamente representativos de la voluntad popular, y no una carrera de obstáculos financieros.