Una población desprotegida

La sensación de vulnerabilidad se ha convertido, lamentablemente, en la compañera silenciosa de una creciente parte de nuestra sociedad. Hablamos de una población desprotegida, no solo en el sentido económico, sino en la fragilidad de su acceso a derechos fundamentales y servicios básicos que deberían ser inalienables.

Esta desprotección se manifiesta en múltiples frentes:

El acceso desigual a la atención médica de calidad, con largas esperas y la escasez de recursos en zonas rurales o de bajos ingresos, deja a miles a merced de enfermedades tratables. La sensación de inseguridad en las calles no solo es un problema de orden público, sino una falla sistémica en la protección del ciudadano común, especialmente en comunidades marginadas. Muchos carecen de la orientación o los recursos para defenderse ante abusos laborales, desalojos o trámites burocráticos complejos. La justicia, parece un privilegio, no un derecho.

Esta realidad no es un accidente, sino el resultado de políticas fallidas que no logran tejer una red de seguridad social robusta e inclusiva. El Estado tiene la obligación moral y legal de actuar como el principal protector de sus ciudadanos. Cuando esta función se debilita, la brecha de desigualdad se agranda y el contrato social se resquebraja.

Es urgente que los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil reconozcan esta crisis de desprotección como la prioridad número uno. No podemos construir un futuro justo y estable si una parte significativa de la población vive al margen, expuesta a los embates de la pobreza, la enfermedad y la injusticia.

Proteger a los más vulnerables no es un acto de caridad; es el fundamento de una democracia sana y equitativa. Es hora de pasar de la retórica a la acción, de restaurar la fe en las instituciones y de asegurar que, en nuestra sociedad, nadie se quede atrás.