Video: Abogados de imputados caso Senasa reaccionan tras coerción: “Medio Capotillo se volcó para presionar la justicia”

Santo Domingo.- Las defensas de varios imputados en el caso Senasa reaccionaron este lunes a la decisión del juez Rigoberto Serna de imponer prisión preventiva, denunciando presiones externas, falta de proporcionalidad y criterios contradictorios en la aplicación de las medidas de coerción.

El abogado Carlos Balcácer, defensor de Rafael Martínez Hazim, afirmó que el magistrado fue objeto de presión social previa a la decisión, en referencia a las protestas realizadas el pasado domingo frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Generalmente ahí vino medio Capotillo para presionar la justicia”, expresó Balcácer, al señalar que la consigna del grupo manifestante era clara: “Si no lo mandaba para Najayo, aquí va”.

No obstante, el jurista aclaró que mantiene un concepto definido sobre el juez Serna, a quien describió como un magistrado “ecuánime, prudente, sosegado y muy apegado a la verdad”, aunque cuestionó el contexto en el que se produjo la decisión. Balcácer sostuvo que el juez llegó incluso a exhortar a los implicados a “rentar el arrepentimiento”, calificando los hechos investigados como un “holocausto” y un “verdadero acto criminal”.

Por su parte, el abogado Jaime Terrero, defensor del exgerente de Senasa Francisco Iván Minaya Pérez, calificó la decisión judicial como “un mamotreto jurídico disparatoso”. A su juicio, el tribunal incurrió en una actuación ilógica e irracional al imponer arresto domiciliario a tres empresarios, mientras que a otros, en condiciones similares, se les dictó prisión preventiva.

Terrero cuestionó que su defendido fuera enviado a prisión preventiva sin estar vinculado, según alegó, a los supuestos chantajes y sobornos descritos por el Ministerio Público. Asimismo, informó que la misma noche en que se dictó la medida de coerción, los imputados fueron trasladados al centro penitenciario donde cumplirán 18 meses de prisión preventiva.

En tanto, el abogado Juan Hiroito Reyes, representante legal del exconsultor jurídico de Senasa Germán Rafael Robles Quiñones, aseguró que en el proceso seguido contra su patrocinado no se ha demostrado la existencia de peligro de fuga, y cuestionó la proporcionalidad de la medida impuesta.

Reyes afirmó que la experiencia y los precedentes en casos similares evidencian que ninguno de los imputados se ha evadido y que todos los procesos continúan su curso normal.

“Hasta el momento, no hay evidencia de que alguno de los imputados haya intentado sustraerse del proceso”, sostuvo.

El jurista explicó que la audiencia de coerción no tenía como finalidad determinar culpabilidad ni ventilar el fondo del caso, sino evaluar si la medida era idónea, necesaria y proporcional, conforme al denominado test de proporcionalidad. Indicó que el tribunal basó su decisión principalmente en la gravedad del caso, su impacto social y la posible influencia sobre las víctimas.

Sin embargo, recordó que el Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva es una medida excepcional y que, además de la existencia de pruebas y de una infracción con pena privativa de libertad, debe acreditarse de forma concreta el peligro de fuga. Añadió que el artículo 238 exige comprobar riesgos específicos, como la obstrucción de la investigación o la intimidación de víctimas y testigos.

“En el caso del señor Robles Quiñones no se ha demostrado riesgo alguno de obstrucción del proceso ni de intimidación a testigos”, afirmó Reyes, destacando además los arraigos familiares, personales y profesionales de su defendido.

Aunque expresó respeto por la decisión del magistrado, el abogado adelantó que la defensa continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes. Señaló que el objetivo esencial del proceso penal es garantizar la comparecencia del imputado y que, en este caso, esa finalidad puede lograrse mediante medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

Finalmente, Reyes subrayó que evadirse de un proceso judicial en la actualidad no es sencillo, especialmente en casos de alto perfil, donde los imputados buscan proteger su nombre y reputación.

“El proceso es ineludible y continuará su curso; nuestra labor será velar porque se respeten los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia”, concluyó.