Video: Diputada Jacqueline Montero condena explotación sexual a menores

Santo Domingo.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Montero, condenó de manera categórica los casos de explotación sexual contra menores de edad que se registran en el país.

La también presidenta del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) reveló, a través de un video, que se ha encontrado con menores que han sido víctimas de este delito, señalando que detrás de esos casos existen redes lideradas por personas adultas que se lucran aprovechándose de la vulnerabilidad de los infantes.

Montero denunció que el parque Enriquillo se ha convertido en un escenario de explotación infantil y llamó al Gobierno a tomar medidas firmes al respecto.

“A cada rato, en los operativos que hacemos en Modemu, nos encontramos con niñas que no están haciendo el trabajo sexual, sino siendo explotadas por personas mayores que son pedófilos, y muchos son proxenetas que lo que hacen es prostituirlas para beneficiarse; les dicen las palomitas”, sostuvo la diputada.

La representante de la provincia San Cristóbal catálogo a quienes cometen este tipo de agresiones como personas con trastornos mentales que buscan satisfacerse pagando para «sentirse menos culpables».

En ese sentido, la parlamentaria pidió que este tipo de actos sean castigados de manera drástica cuyas penas no sean menores de 20 años para que cuando salgan «no tengan gusto de buscar ni pequeñas ni grandes».

Asimismo, consideró que el castigo para un violador es la muerte porque de las violaciones «quedan los traumas para siempre, eso no se quita ni se cura ni con psicólogos ni con nada».

Los pronunciamientos de Montero surgen a raíz de la confirmación del arresto de dos personas que eran acusadas de contratar servicios sexuales con menores de edad, cuyo caso está siendo investigado por el Ministerio Público.

De acuerdo a las informaciones que han salido a relucir sobre este caso, la negociación fue grabada con un teléfono celular donde un hombre ofrecía la suma de unos 20 mil pesos por un encuentro sexual con una menor de 10 años.