
Publicado en Nacionales, hace 2 horas
Santo Domingo.- El representante del movimiento cívico Somos Pueblo, Ricardo Ripoll, denunció este domingo un supuesto «clasismo político» en el sistema de justicia dominicano, argumentando que individuos adinerados y políticos reciben un trato preferencial en casos de corrupción, en contraste con los ciudadanos comunes.
Ripoll realizó estas declaraciones durante una protesta frente al Palacio de Justicia, donde decenas de ciudadanos protrestan en contra de la posibilidad de que los imputados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa) reciban medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva.
El activista criticó la frecuente imposición de prisión domiciliaria o garantías económicas a acusados de alto perfil, en lugar de la prisión preventiva, una medida que, según afirmó, se aplica rigurosamente a personas de escasos recursos por delitos menores.
«No es que yo lo crea o lo piense, es que lo vemos a diario», enfatizó Ripoll, comparando casos de corrupción con situaciones que involucran a ciudadanos comunes, quienes, según él, permanecen meses en prisión preventiva por delitos menores, mientras que los imputados por desfalcos millonarios reciben medidas menos severas.
En referencia específica al caso Senasa, Ripoll cuestionó que algunos imputados puedan enfrentar el proceso desde sus hogares, lo que, en su opinión, evidencia una injusticia.
«En la medida de coerción, a unos los mandan para su casa para que pasen su Navidad tranquilos, con la familia, mientras otros siguen presos por delitos mínimos», aseveró.
Ripoll también criticó la práctica de acuerdos judiciales, asegurando que estos benefician casi exclusivamente a políticos y personas con poder económico. «¿Tú has visto acuerdos con pobres que los agarren presos? Yo no he visto eso nunca», sentenció.
Las declaraciones de Ripoll se producen en un contexto de gran expectación pública ante la inminente decisión del tribunal en el caso Senasa, considerado uno de los procesos más importantes por presunta corrupción administrativa en el sector salud.