Bienes de funcionarios implicados en tráfico de migrantes serán decomisados

Santo Domingo.- La procuradora Yeni Berenice Reynoso emitió la «Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes«, en el contexto de la creación de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), dispuesta por el Consejo Superior del Ministerio Público a sugerencia del Poder Ejecutivo.

La instrucción, fechada el viernes 25 de abril de 2025, ordena a los fiscales de todo el país dar alta prioridad a las investigaciones en las que existan informaciones de inteligencia o evidencia de que funcionarios públicos, militares o policías sean parte de estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Sanciones inmediatas para funcionarios implicados

En los casos en que servidores públicos incurran en actos de extorsión, soborno u otras dádivas a cambio de facilitar este delito, los fiscales deberán solicitar de inmediato la suspensión de sus funciones ante los órganos competentes.

Además, deberán aplicar medidas severas, como el secuestro de bienes relacionados con la actividad criminal.

Asimismo, se instruyó que, en los casos en que vehículos sean utilizados para el tráfico de migrantes, se proceda al secuestro legal inmediato de los mismos, tanto si pertenecen a individuos como a empresas, con fines de posterior decomiso.

Lucha contra el crimen organizado

El Ministerio Público recordó que el tráfico ilícito de migrantes constituye una de las formas más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional, afectando directamente los sistemas de control migratorio y de seguridad del Estado.

Para enfrentar esta amenaza, la nueva unidad trabajará bajo la supervisión de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán.

La unidad estará conformada por agentes de inteligencia, seguridad y defensa nacional, seleccionados bajo estándares internacionales de investigación, y contará con tecnología de última generación, programas de formación avanzada, incentivos especiales y evaluaciones periódicas para garantizar su desempeño ético y técnico.

Con estas medidas, el Ministerio Público busca desmantelar las redes criminales que lucran con la vulnerabilidad de los migrantes y fortalecer la respuesta institucional para preservar la seguridad y defensa nacional.