A dos años de la tragedia en San Cristóbal, todavía no se ha celebrado el juicio a los responsables

Santo Domingo.– Al cumplirse este jueves dos años de la explosión que sacudió San Cristóbal, decenas de víctimas continúan reclamando justicia y esclarecimiento de los hechos. Según el abogado Roberto Faxas, representante legal de los afectados, los procesos penales han sufrido constantes aplazamientos, retrasando la resolución de casos y complicando la acción legal de los querellantes.

“Los procesos penales realmente tienen muchos reenvíos y no ha sido culpa de los abogados defensores en este caso”, declaró Faxas.

Aseguró que el Ministerio Público enfrenta dificultades para probar las acusaciones contra una empresa y una familia

Más de 120 demandas

El abogado dijo que han presentado más de 120 demandas sometidas al Tribunal Superior Administrativo, cada una con cerca de 400 pruebas documentales, médicas y estructurales.

Faxas denunció que la escena de la explosión fue contaminada desde el inicio y que gran parte de las pruebas fueron retiradas o destruidas.

Además, el abogado criticó la veracidad del informe del Cuerpo de Bomberos, utilizado como base de la acusación.

 “Solicitamos una certificación de sus archivos y no existe registro alguno. Ese informe no fue hecho por el Cuerpo de Bomberos y se trata de una falsificación intelectual”, afirmó.

El jurista explicó que tras la explosión al menos 15 personas quedaron desaparecidas, y que gracias a la iniciativa de un proyecto de ley al menos 12 de los desaparecidos fueron oficialmente identificados y declarados fallecidos.

Detalló que este procedimiento permitió la emisión de sus actas de defunción, garantizando derechos legales a sus familiares. Explicó que aunque aún quedan tres casos por resolver debido a que no fueron identificados.

Sobre el caso

La explosión ocurrió el 14 de agosto de 2023 y dejó unas 38 víctimas mortales y decenas de heridos, así como nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.

El Ministerio Público depositó la acusación contra los propietarios de la fábrica de plástico; Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal y de la empresa Vidal Plast SRL, donde se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro.

El Ministerio Público indica que, producto de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos previstos para las actividades comerciales de almacenamiento de plásticos, de salud y medioambientales, los imputados ocasionaron la explosión mortal ocurrida a las 3:10 pm, del 14 de agosto del 2023, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, (Antiguo Mercadito), de la provincia San Cristóbal.

En el relato de los hechos, el expediente refiere que la inobservancia de los reglamentos cometida por los imputados empezó a dar señales de alerta el día 18 de marzo del 2023, cinco meses antes del siniestro, cuando en horas de la mañana, Manuel Hernández, conjuntamente con sus trabajadores, se encontraban realizando trabajos de herrería en la que fuera su oficina.

Indica que mientras se encontraba realizando dichos trabajos saltó una chispa hacia el área donde se encontraba el almacenaje de plástico que allí tenía la empresa Vidal Plast, SRL, acción que desató una reacción química de denso humo irritante y calor que le ocasionó quemaduras a uno de los empleados.

Explica que al lugar del siniestro se presentaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, quienes después de identificar que no estaban ante un incendio provocado por la electricidad, sino por una sustancia desconocida, lograron determinar que el detonante de dicha explosión fue el químico de nombre Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2), que es utilizado en las industrias de plástico y caucho para la fabricación y modificación de polímeros, los cuales tienen diversos usos en el quehacer cotidiano.

Este químico, potencia el material a diluir convirtiéndolo en más provechoso para los fines a los que se dedicaba la empresa imputada, señala la acusación.

Precisa que, por la imprudencia de manejar y almacenar en un ambiente cerrado sin acondicionamiento, al lado de residuos de plásticos, combustionó el 14 de agosto del 2023 en la gran explosión que retumbó en la ciudad de San Cristóbal, ya que el gas que circundaba en el lugar producto del Peróxido Orgánico de años almacenados allí, encontró su punto con la acumulación centrada y desmedida que guardaba dicho local.

vinculadas al siniestro, y que varias denuncias contra la compañía fueron retiradas por los propios querellantes al considerar que no eran responsables del hecho.