Publicado en Nacionales, hace 7 horas
Santo Domingo.- La actual directora general del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, aclaró que durante su gestión no ha contratado ninguna compañía de seguridad privada.
La funcionaria hace la aclaración en un comunicado, en medio de una investigación emprendida por la Procuraduría General de la República tras el desmantelamiento de una supuesta estructura delictiva que se dedicaba al cobro de sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en varias instituciones del Estado.
En esas entidades se mencionó al Inaipi, además del Servicio Nacional de Salud y las empresas de Distribución de Electricidad del Este (Edeeste), del Norte (Edenorte) y del Sur (Edesur).
En el comunicado, Josefa Castillo indica que “desde la asunción de esta administración, no se ha llevado a cabo ningún proceso de contratación para este tipo de servicio, ni se han suscrito acuerdos en ese sentido”.
Se indica que las operaciones institucionales se han gestionado con total apego a la legalidad, la ética y los principios de transparencia que rigen la administración pública.
“Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión íntegra, centrada en la protección de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de las normativas que regulan los procesos administrativos en el Estado dominicano”, precisó la funcionaria.
“Expresamos nuestra plena disposición a colaborar con cualquier proceso de investigación que emprendan las autoridades competentes y reiteramos que esta gestión no tiene vinculación alguna con los hechos señalados”, afirmó
Detalles de la Operación Lobo
El Ministerio Público inició la Operación Lobo contra una estructura delictiva que se beneficiaba de la distribución de sobornos para asegurar la obtención y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La operación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al Seguro Nacional de Salud (Senasa), a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Dirección General de Persecución y la Pepca informaron que la investigación, que llevó al arresto de 14 personas, se inició a partir de una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch.
En las próximas horas, el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.