ADP condiciona las cámaras en escuelas

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) condicionó hoy la instalación de cámaras de vigilancia en las aulas de las escuelas públicas a que el funcionamiento de las mismas esté regido por un  “reglamento nacional sobre videovigilancia escolar”.

 Dijo que ese reglamento debe ser elaborado con la ADP, el Ministerio de Educación, las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, el Defensor del Pueblo, la sociedad civil y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La  ADP dijo que no se opone a las  medidas “legítimas de seguridad”, siempre que  no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen a los maestros o a los estudiantes.

El gremio magisterial consideró que esa herramienta debe usarse  de forma preventiva y no como herramienta de control laboral, disciplinario o punitivo contra el profesorado.

Medida consultada

“Toda instalación de cámaras debe ser informada y consentida por las familias, docentes y personal administrativo”, precisó el sindicato, en un documento emitido sobre el tema.

“El consentimiento debe ser libre, informado y específico, en conformidad con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal”, agregó.

Insistió en que “la medida debe estar justificada por un diagnóstico de riesgos objetivos. No puede instalarse de forma generalizada o indiscriminada. Debe existir un estudio de impacto legal y social previo, incluyendo análisis sobre los efectos psicológicos en estudiantes y docentes”.

 “La ADP se mantiene firme en su compromiso de defender un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela”, manifestó.

Uso de grabaciones

Con relación al tema del acceso, uso y resguardo de grabaciones, la ADP indicó que  “las grabaciones deben estar protegidas, sin acceso público ni uso para fines ajenos a la seguridad”.

Precisó que solo las autoridades competentes, como los directores de escuelas, una autoridad judicial o policial y el Ministerio de Educación, con una orden administrativa  pueden revisar las grabaciones.

Asimismo, que las imágenes no pueden ser compartidas ni publicadas, so pena de incurrir en responsabilidad penal o administrativa.

El gremio de maestros manifestó que  la seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida.

 Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa.

 Voz de alarma

El tema fue puesto en la palestra la semana pasada por los presidentes de las  filiales de la  ADP de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Robert Frías y Augusto Rafael Sánchez (Tito), quienes se  opusieron  a la instalación de cámaras de vigilancia en escuelas y liceos públicos del país, argumentando que esa medida vulnera el derecho a la privacidad de los estudiantes, los docentes y el personal administrativo de esos centros.

Minerd guarda silencio

El Ministerio de Educación ha guardado silencio sobre la petición de El Nacional de que opine sobre las razones que le llevaron a instalar cámaras de vigilancia en las aulas de los planteles públicos.

El tema fue puesto en la palestra la semana pasada por los presidentes de las  filiales de la  ADP de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Robert Frías y Augusto Rafael Sánchez (Tito).