Un fiscal usa sin autorización una yipeta retenida

Santo Domingo.-  Una investigación  reveló que el fiscal Julio Saba Encarnación Medina ha estado utilizando, durante tres meses y medio, una yipeta Honda CR-V 2024 que se encuentra retenida por el Ministerio Público, luego de haber sido enviada al país desde Estados Unidos.

La yipeta fue adquirida legalmente en una subasta por la empresa Sosua Auto LLC y enviada a la República Dominicana. La documentación, incluyendo la factura de Copart y certificaciones tanto de la Policía de la Florida como de la empresa Copart, fue entregada por el comerciante de vehículos Amauris Tejeda, quien afirma que cumplió con todos los requerimientos legales.

«Ellos me pidieron la certificación de la policía de la Florida, se la mandé. La certificación de Copal, se la mandé. Le mandé la foto de la compra, de la subasta, se la mandé. Le mandé los impuestos pagos, se lo mandé. Todo lo que ellos pidieron se lo mandé», afirmó Tejeda.

A pesar de esto, el vehículo permanece retenido y ha sido visto en circulación en manos del fiscal Saba Encarnación Medina, quien fue captado utilizándolo y extrayendo objetos de su interior. Lo más sorprendente: el vehículo tenía una placa exonerada (EA00506) que pertenece a un Nissan Sentra 2001, asignado a la Dirección General de Aduanas, y no a la yipeta en cuestión.

«Ahora yo quisiera saber cuál de ellos ahí en el plan piloto tuvo la cachaza de coger ese vehículo, un vehículo ajeno, un vehículo que no le pertenece a ellos, poner una placa circular en ese vehículo», denunció el abogado Carlos Manuel de la Cruz.

Aunque el fiscal Encarnación Medina admitió en un programa de televisión haber usado la yipeta, se escudó en una orden judicial.

«Ese vehículo, una vez que nosotros hemos tenido la custodia ordenada por un juez, que yo lo estoy usando, sí es cierto, ese vehículo yo lo usé», dijo el fiscal, refiriéndose a la orden número 0001 de febrero de 2025.

Sin embargo, el documento judicial al que hace referencia solo autoriza el secuestro del vehículo y establece que debe mantenerse en custodia del Ministerio Público «sin desnaturalizar los fines y alcance de la custodia».

Fuentes del Poder Judicial aclararon que el fiscal está obligado a preservar el bien bajo las condiciones en que fue incautado, y que solo la Procuraduría General de la República puede autorizar el uso de vehículos retenidos, y solo en casos donde ya haya una sentencia de decomiso.

Además, el artículo 4, numeral 6 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos establece que el uso personal de bienes incautados sin autorización escrita puede conllevar penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos.

«Ese vehículo está en el almacén donde debe de reposar», dijo, pese a que fue captado horas antes conduciéndolo.

El propietario del vehículo, Amauris Tejeda, expresó frustración por no poder entregar el automóvil a su cliente, lo que lo llevó a comprar otro vehículo mientras se resuelve el caso.

«Yo tuve que comprar otra guagua aquí en la Florida, que está en Michigan, que me llegue la semana que viene para yo poder dársela al cliente», explicó.

El abogado de Tejeda evalúa presentar una querella ante el Consejo Disciplinario del Ministerio Público contra Encarnación Medina. La placa original del vehículo retenido sigue desaparecida.

La situación revive memorias de casos anteriores. En 2008, el mismo fiscal fue suspendido y sometido a un tribunal disciplinario por supuestas inconductas, y en 2004, más de 50 oficiales fueron procesados por utilizar vehículos robados.