Publicado en Nacionales, hace 5 horas
Santo Domingo. – Una auditoría financiera realizada por la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal Dominicana (LMD) reveló importantes deficiencias en el control interno durante la gestión de Johnny Jones Luciano, comprendida entre 2012 y 2020. El informe, sin embargo, aclara que no se encontraron evidencias de malversación de fondos públicos.
El análisis se centró en los estados financieros correspondientes a los años 2018 y 2019, en los cuales el órgano de control identificó fallas que afectan la eficiencia administrativa y comprometen la transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Entre las debilidades detectadas figuran la ausencia de firmas de aprobación en conciliaciones bancarias, discrepancias en las cuentas por pagar a proveedores, errores en los saldos de activos fijos, y el uso incorrecto de cuentas auxiliares en el registro de gastos. También se observaron problemas en los procedimientos de contratación por excepción de urgencia, sin la debida documentación ni publicación conforme a las normativas vigentes.
Principales hallazgos del informe de 66 páginas incluyen:
Falta de autenticidad en las conciliaciones bancarias por ausencia de firmas.
Diferencias por RD$7.2 millones en la depreciación acumulada de activos no corrientes.
Ausencia de auxiliares detallados en cuentas por pagar.
Discrepancias por RD$1.8 millones entre saldos por pagar y confirmaciones de proveedores.
Diferencias entre los Estados de Situación y el Mayor General por hasta RD$346 mil.
Inconsistencias por RD$17.3 millones entre los Estados de Resultados y las Balanzas de Comprobación.
Gastos por RD$5.6 millones registrados en cuentas auxiliares incorrectas.
Deficiencias en contrataciones urgentes sin informe pericial ni publicación en portales oficiales.
La Cámara de Cuentas advirtió en su Carta a la Gerencia que estas fallas reflejan la ausencia de políticas y procedimientos de control confiables, lo que podría traducirse en una gestión ineficiente y en perjuicio del desarrollo institucional.
Implementar firmas obligatorias en procesos de conciliación bancaria.
Verificar y aplicar correctamente las normativas de depreciación de activos.
Integrar módulos específicos para el control de cuentas por pagar.
Conciliar saldos de proveedores mensualmente y al cierre del año fiscal.
Corregir errores del software contable para garantizar integridad en los reportes.
Clasificar adecuadamente los gastos según su naturaleza presupuestaria.
Fortalecer los procesos de compras conforme a las leyes vigentes, incluso en casos de excepción por urgencia.
Aplicar y dar seguimiento estricto a las recomendaciones establecidas en la Ley 18-24 del 27 de junio de 2024.
El informe pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, aunque destaca que las irregularidades señaladas no constituyen evidencia de dolo o uso indebido de fondos públicos.