Irregularidades en el INAIPI de 2016 al 2020 dice la Cámara de Cuentas

Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) publicó un informe de auditoría sobre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), que abarca el período 2016-2020, en el cual refiere las acciones al Ministerio Público y da 25 días a la institución para presentar un plan correctivo.

El documento, de sobre 500 páginas, expone violaciones sistemáticas a las normas de compras públicas, contabilidad gubernamental, control interno y obligaciones tributarias, con posibles implicaciones penales.

En ese periodo, la dirección ejecutiva del INAIPI estuvo ocupada por Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín (04/12/2014-02/12/2016), la licenciada Berlinesa Franco (02/12/2016-08/04/2020), Kenia Lora Abreu (08/04/2020-20/10/2020) y Besaida María Saniana Sierra (20/10/2020-21/08/2024) En el Informe de la «Investigación Especial Practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al INAIPI, con Énfasis en los Procesos de Compras y Contrataciones», se establecen varios hallazgos clave y «un patrón de irregularidades.

CCRD establece el «fracaso en el control interno y contabilidad gubernamental. Señala incumplimiento de normas, pues el INAIPI ignoró protocolos de registro contable y control interno, esenciales para garantizar transparencia en el uso de fondos públicos.

Afirma ausencia de responsabilidad administrativa y señala que funcionarios omitieron rendir cuentas sobre erogaciones, violando el Artículo 245 de la Constitución, que exige un sistema contable «único y armonizado».

Imputa daño al patrimonio estatal al exhibir debilidades en la gestión financiera generaron riesgos de malversación y opacidad en el manejo de recursos destinados a la primera infancia.

Evasión fiscal y deudas con la seguridad social
La auditoría destaca retenciones no declaradas y afirma que el instituto incumplió su rol como agente de retención de impuestos, afectando los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Estas faltas, asegura, comprometen el modelo de «Estado Social», que depende de la recaudación para garantizar derechos fundamentales, según sentencias del Tribunal Constitucional (TC/0203/13).

Compras y contrataciones opacas El documento imputa violación a la libre competencia. Se detectaron adjudicaciones a empresas con «vínculos con accionistas del INAIPI» y descalificaciones injustificadas de oferentes, infringiendo la Ley 10-04 de compras públicas.

Señala, igualmente, prácticas anticompetitivas en los procedimientos que carecieron de publicidad y objetividad, favoreciendo a contratistas específicos en detrimento del interés público.

Indicios de responsabilidad penal

La CCRD asegura que hay visos de «colusión y fraude». Los hallazgos sugieren la configuración de delitos tipificados en el Artículo 419 del Código Penal (colusión) y la Ley 42-08 de defensa de la competencia, por esa razón, hubo una remisión al Ministerio Público. La Cámara de Cuentas derivó el caso para investigar posibles imputaciones contra funcionarios por «acción u omisión».

Un llamado a la acción

Según la CCRD, las responsabilidades son individuales y los funcionarios auditados comprometieron su «responsabilidad civil y administrativa», según los artículos 47, 48 y 54 de la Ley 10-04.
Se exhorta a realizar un plan correctivo urgente. «El INAIPI tiene «25 días» para presentar un plan de acción ante la «Contraloría General y la Cámara de Cuentas, bajo supervisión estricta».

Recomienda fortalecer el control interno con auditorías periódicas, capacitar al personal en normativas de compras y fiscalidad, y sancionar a responsables y recuperar fondos desviados.

El informe subraya que estas prácticas contradicen el artículo 138 de la Constitución, que exige «eficacia, transparencia y economía» en la gestión pública. Además, violan el «principio de proscripción de la corrupción (artículo 146)».