Cárcel de hasta 25 años por trata de personas y tráfico ilícito

Santo Domingo.- El crimen del tráfico de migrantes no prescribiría y las penas por este delito podrían ser de hasta 25 años de prisión, en tanto que los funcionarios involucrados podrían ser inhabilitados por hasta 20 años para ser empleados públicos, según el proyecto aprobado en segunda lectura por el Senado de la República de la Ley 137-03 sobre trata de personas.

La pieza modificada había sido sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril con el  propósito de endurecer  las penas contra esta práctica. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados.

En la iniciativa el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, sugirió cuatro modificaciones de las cuales fueron acogidas dos por la Comisión Especial.

En lo adelante, la Ley adiciona el párrafo III y IV al artículo 3. El párrafo III señala que el culpable del delito de trata de personas será sancionado con la pena de 20 a  25 años de reclusión y multa de 700 a 1,500 salarios mínimos del sector público.

En tanto que, el párrafo IV, apunta que “el delito de trata de personas no prescribe”.

Mientras que, en el párrafo V se destaca que el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por espacio de diez años para ejercer cualquier tipo de función pública y, en caso de reincidencia, la inhabilitación será por veinte  años, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de la libertad impuesta.

La propuesta de modificación adiciona el artículo X sobre imprescriptibilidad del delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Esta iniciativa incluye, además, como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extra poder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales.

Omar Fernández

El pleno acogió parcialmente la propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, para que una vez convertida en ley, cualquier funcionario implicado en trata o tráfico ilícito de migrantes, sea inhabilitado de ocupar cargos públicos por hasta 20 años, sumado a la reclusión que determine el juez.