Condenan a 20 y 3 años de prisión a integrantes de red de trata desmantelada con Operación Cattleya

Santo Domingo.-     El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 y tres años de prisión, a los integrantes de la red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.

El tribunal presidido por Arlin Ventura Jiménez e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, dispuso que las penas sean cumplidas en las cárceles Najayo-Hombres y Mujeres, de San Cristóbal, y fijó para el 24 de abril a las 9:00 de la mañana la lectura integra de la sentencia.

El tribunal impuso 20 años de prisión a José Alberto Soriano Rosario, Melvin José Valentín Peguero, Wilcene Oscar, Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis), María Paula Murillo Vargas, Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto (Ángel), por tráfico ilícito de migrantes y al pago de una multa de 150 salarios mínimos.

Asimismo, condenó a tres años de prisión a Alejandro Arturo García Bustamante (Gato), Robert Eleuterio Lee Paniagua, José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Braulio Manuel Lugo, así como al pago de una multa.

También sentenció a seis meses de prisión a Oliver Arnaud, conocido como Timothy Case, y descargó a Carlos Jonatthan Walwyn Campusano y ordenó la disolución del Hotel Oscar Inn Santo Domingo.

El tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen de la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejaran Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez.

El grupo fue acusado de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes.

Según la acusación, captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.

El Ministerio Público estableció ante el tribunal que ha quedado demostrada la vinculación de los acusados, quienes coordinaban las acciones delictivas mediante grupos de WhatsApp y redes sociales. A través de estos canales, promocionaban a las víctimas, las vendían y obtenían ganancias ilícitas derivadas de la explotación.