Conocen esta tarde coerción a implicados en sobornos para lograr contratos estatales

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce la tarde de este lunes la medida de coerción contra los presuntos miembros de una red de militares y civiles dedicados a una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

La jueza encargada de la coerción es Fátima Veloz, quien suspendió la audiencia la semana pasada, a solicitud de varios abogados de la defensa, quienes solicitaron tiempo para conocer el expediente acusador, y fijó la siguiente para hoy a las 2:00 P. M.

La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.

Los fiscales depositaron la noche del pasado miércoles la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra los imputados.

La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución, arresta 15 personas involucradas en una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas

Las investigaciones llevaron a la detención del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, aron al arresto en el Distrito Nacional del así como los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.