Conocen hoy coerción contra dueño de Mudan; en su tienda arrestaron 35 haitianos indocumentados

Distrito Nacional. –      Este sábado será conocida la medida de coerción contra el comerciante chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte casi esquina París, en el Distrito Nacional.

El Ministerio Público lo acusa de agredir a un abogado de la Dirección General de Migración (DGM) durante un operativo en el que fueron detenidos 35 inmigrantes haitianos indocumentados.

La Fiscalía Comunitaria de Villa Consuelo, a través del fiscal Máximo Gómez Santana, presentó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La instancia sugiere como medida idónea una garantía económica de RD$200,000, impedimento de salida del país sin autorización judicial, y presentación periódica ante el fiscal investigador.

¿De qué lo acusan?

Según la acusación, el comerciante obstruyó la labor de interdicción migratoria y agredió físicamente al abogado Martín Juan Mateo Mora, a quien sujetó y obligó a reingresar a la tienda durante el operativo, realizado el pasado 28 de mayo.

Mateo Mora sufrió una lesión leve en la región cervical izquierda, con una curación estimada de hasta diez días, de acuerdo con el informe médico legal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El incidente, que fue captado en videos difundidos por redes sociales, generó una trifulca entre agentes de Migración, empleados del negocio y otras personas presentes.

Es reincidente contratando ilegales

La DGM actuó en respuesta a denuncias sobre la supuesta contratación de haitianos sin documentación legal. Como resultado del operativo, 35 ciudadanos haitianos fueron detenidos y trasladados para fines de deportación.

Migración dijo que el propietario del establecimiento es reincidente en prácticas de ocultamiento de personas indocumentadas.

Po Xie fue arrestado el pasado 5 de junio, alrededor de las 2:00 de la tarde, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, por orden judicial.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como violaciones a los artículos 209, 212 y 309 del Código Penal Dominicano, y a varios artículos de la Ley General de Migración (285-04), incluyendo el 1, 6 numeral 14, 101 y 107.