Conocerán hoy medida de coerción a implicados en ‘Operación Lobo’

Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy, lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra diez implicados en la presunta red de corrupción denominada “Operación Lobo”. El Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

La supuesta red involucra a militares, policías y civiles, quienes, según la acusación, incurrieron en un esquema de sobornos superior a los RD$100 millones para obtener contratos estatales de seguridad privada.

Los acusados son: Mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. El primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

De acuerdo con el expediente, los imputados utilizaron sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Estas acciones, según el Ministerio Público, afectaron directamente a entidades sensibles del Estado.
La investigación se originó tras una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El centro de operaciones de la presunta red es la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), propiedad de Rodríguez González.

Según el órgano persecutor, entre 2014 y 2024, SENASE movilizó más de RD$7,247 millones a través del sistema financiero nacional, usando cuentas en bancos como Banreservas, Banco Popular y Banco BHD.

Esta cifra refleja el volumen de negocios de la empresa, que, según la acusación, se mantuvo en el Estado mediante pagos ilegales.

El expediente indica que entre un 5 % y un 10 % de los ingresos de SENASE fueron destinados al pago de sobornos a funcionarios públicos y personas ligadas a procesos de contratación.

Ese porcentaje representa entre RD$362 millones y RD$724 millones, supuestamente usados para asegurar contratos estatales y garantizar su continuidad de forma irregular.