Conozca como operaba la supuesta red criminal que captó, retuvo y explotó sexualmente a colombianas

El documento judicial que contiene la solicitud de medida de coerción indica que, jóvenes colombianas, según las investigaciones policiales, eran traídas al país, engañadas y explotadas sexualmente por tres dominicanos y una mujer del país suramericano. Esto es lo que ocurrió, según la documentación policial.

El “chivatazo”

Todo empezó con un “chivatazo”. El 14 de febrero de 2025, las autoridades recibieron informaciones acerca de una red criminal transnacional que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Según esas informaciones, la organización estaba conformada por cuatro personas y todas vivían en el mismo sitio. Se trataba del residencial MNG152, en Santo Domingo Oeste. Allí, tres hombres y una mujer tenían el control de ocho colombianas.

La organización criminal funcionaba de la siguiente manera, según el Ministerio Público: Dariel Castro Santos y Geraldyne Torres Betancur, pareja sentimental, se dedicaban a captar, recibir y alojar a las víctimas. Eran la cabeza de la organización y vivían en el apartamento 102 del residencial.

Sin embargo, no eran los únicos. Los otros dos supuestos integrantes de la banda eran Jason Manuel Santana y Félix Joel Rodríguez. Tenían otro papel en el entramado delictivo. Su misión era transportar a las víctimas a los lugares donde eran explotadas sexualmente, de acuerdo con las autoridades.

Las colombianas, jóvenes e “inocentes”, eran trasladadas a hoteles del Distrito Nacional y a discotecas, donde conseguían clientes, indica el Ministerio Público. Todo el dinero que ganaban se lo quedaban los imputados. Las mujeres no recibían beneficios, pues estaban obligadas a pagar una deuda de 3,500 dólares impuesta por los supuestos criminales, quienes tenían sus pasaportes guardados para que no pudiera huir.

Los agentes encubiertos

Tras recibir las informaciones sobre una supuesta red de trata de personas, la policía empezó a investigar. El 15 de febrero, los agentes, bajo los seudónimos “Carlos, Andrés, Santiago, Valentina y Steicy”, fueron autorizados a contactar con la organización y realizar un informe.

Según el relato del Ministerio Público, el 16 de febrero, a las 6:43 p. m., Carlos y Steicy contactaron con una de las víctimas, cuyo nombre es “M”, a través de una página web donde era exhibida por sus tratantes. Los agentes de incógnito solicitaron sus servicios a través de WhatsApp. La víctima “M”, que no sabía que estaba siendo investigada, les comunicó el precio de 7,000 pesos y las cuentas de banco con las que podían hacer el pago, todas ellas a nombre de los imputados. “Una vez confirmado el pago, procedió a enviarnos la ubicación en la calle Fabio Fallo”, relató uno de los agentes en el informe.