Publicado en Nacionales, hace 3 horas
Santo Domingo. – La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe de investigación que revela graves irregularidades en la ejecución contractual entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Dekolor, S.R.L., encargada de la emisión de licencias de conducir en el país.
El documento, sustentado en un análisis financiero forense, detalla múltiples inconsistencias detectadas en los registros contractuales, adendas y pagos realizados, comprometiendo principios fundamentales como la legalidad, transparencia y control administrativo.
Falta de registro de adendas: Se identificó una primera adenda que introdujo el servicio de examen médico psicofísico sin estar contemplado en el contrato original, la cual nunca fue registrada en la Contraloría.
Incremento injustificado de precios: Una segunda adenda en 2022 introdujo aumentos de precios sin soporte técnico suficiente, lo que motivó su rechazo por parte de la Contraloría.
Pagos con base en adendas no regularizadas: Se evidenció el pago de servicios sustentado en documentos contractuales no registrados oficialmente.
Convenio irregular con Pagord Xchange S.R.L.: Se detectó un convenio firmado para gestionar pagos con una comisión del 10 % que no fue aprobado ni registrado formalmente, violando las normas de contratación pública.
El contrato original con Dekolor, adjudicado mediante licitación pública en 2019, fijaba un valor de RD$805.69 por servicio. Sin embargo, la revisión técnica reveló inconsistencias en los precios, servicios prestados y la trazabilidad de los pagos.
El informe señala que las actuaciones detectadas violan disposiciones clave de:
La Ley 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno,
La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas,
Y el Decreto 3-19, que regula la emisión de certificados médicos psicofísicos.
Además, se constataron graves deficiencias en el control financiero del INTRANT durante el período enero 2021 – julio 2022, incluyendo conciliaciones bancarias sin firmas requeridas, debilitando los controles internos y la transparencia del manejo de fondos.
El expediente fue entregado a la Procuraduría General de la República para que proceda con la determinación de responsabilidades penales y administrativas, así como a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los fines que correspondan en materia de inhabilitación o sanción administrativa.
La Unidad Antifraude reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control interno en las instituciones públicas, como parte del esfuerzo continuo por garantizar una administración estatal eficiente, legal y ética.