Publicado en Editorial, hace 3 semanas
La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Permite que los ciudadanos estén informados, fomenta la transparencia y ayuda a mantener a los poderes del Estado —incluyendo el gobierno y las fuerzas del orden— bajo escrutinio. Cuando los periodistas y comunicadores pueden trabajar sin miedo, la sociedad en su conjunto se beneficia.
Sin embargo, el ejercicio del periodismo a menudo conlleva riesgos. En muchos países, los periodistas enfrentan amenazas, intimidación e incluso violencia en su intento por cubrir noticias sensibles, investigar la corrupción o reportar sobre temas de derechos humanos. Estas presiones pueden provenir de diversas fuentes, incluyendo grupos criminales, actores políticos y, en ocasiones, de las propias autoridades.
Proteger a los periodistas no es solo una cuestión de seguridad, sino también de garantizar el derecho del público a la información. Un ataque a un periodista es, en esencia, un ataque a la libertad de expresión y a la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre su futuro.
La prensa libre y segura es crucial para la rendición de cuentas. Sin ella, el poder puede ejercerse sin control. Por eso, es responsabilidad de todos, desde los gobiernos hasta los ciudadanos, garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo con total seguridad e independencia. Esto incluye condenar cualquier forma de agresión o censura, y asegurar que quienes cometan estos actos rindan cuentas ante la justicia. La seguridad de los periodistas es un indicador de la salud democrática de una nación.