Publicado en Nacionales, hace 1 día
Santo Domingo. -El abogado Diego Babado Torres acusa a la jueza Lauris Ramírez, quien preside la Octava Sala de Familia del Distrito Nacional, de haber puesto en peligro la vida del exministro de Interior y Policía, Dr. Rafael (Fello) Suberví Bonilla, al autorizar una entrada presuntamente ilegal y violenta a su domicilio.
Según la denuncia presentada por Babado Torres, la magistrada Ramírez, a pesar de encontrarse recusada y sin contar con una resolución formal de la Corte ni la notificación correspondiente, habría ordenado e impulsado una intervención forzada en la residencia del Dr. Suberví Bonilla durante la mañana de este viernes, mientras el exfuncionario se encontraba descansando. Este suceso habría afectado su estado de salud y constituiría una amenaza directa a su bienestar físico.
“El accionar de la jueza respondió a intereses ajenos al respeto por el debido proceso y a las garantías de tutela judicial efectiva consagradas en la Constitución de la República Dominicana. “No presentó ninguna documentación válida ni cumplió con los procedimientos legales establecidos”, afirmó Babado Torres, abogado del exalcalde
El también expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana calificó como inadmisible que se utilicen medios coercitivos y recursos económicos para imponer decisiones judiciales que vulneran el derecho y la ética profesional.
“Quienes carecen de argumentos válidos recurren a prácticas oscuras. “No lograrán sus objetivos, aunque utilicen funcionarios públicos sin imparcialidad ni vocación profesional”, enfatizó.
Del mismo modo, manifestó su inquietud por el estado actual del sistema judicial dominicano, haciendo un llamado urgente a una reflexión profunda a nivel nacional:
“Este tipo de acciones debe encender las alarmas en la sociedad dominicana sobre la necesidad de preservar la integridad de la justicia antes de que sea demasiado tarde”.
Babado Torres informó que se emprenderán todas las acciones legales pertinentes contra la jueza Ramírez, con el objetivo de sentar precedentes y asegurar la defensa plena de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin importar su posición política o socia