Publicado en Nacionales, hace 5 horas
Santo Domingo. – El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó al fiscal Gerinaldo Contreras tras determinar que incurrió en graves violaciones disciplinarias, incluyendo acoso laboral sistemático, abuso de autoridad y el arresto arbitrario de líderes comunitarios en Arroyo Hondo, según la resolución núm. 07/2024 a la que tuvo acceso.
La decisión, emitida el lunes 30 de junio por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, concluyó que Contreras mostró una “conducta incompatible con la dignidad del cargo” al ejercer su función de forma autoritaria y violar derechos fundamentales de ciudadanos y compañeros de trabajo. Aunque no se le inhabilitó para ocupar cargos públicos, el órgano consideró su permanencia como fiscal “insostenible”.
Uno de los hechos más alarmantes que pesaron contra Contreras fue su decisión de ordenar el arresto de cinco miembros de una junta de vecinos del sector Arroyo Hondo, quienes protestaban pacíficamente por problemas de basura y deficiencia en los servicios básicos.
Testigos relataron que el fiscal acusó a los comunitarios de alterar el orden público y ordenó su detención sin orden judicial ni flagrancia. “¡Que se los lleven presos ahora mismo! ¡Aquí mando yo!”, habría gritado Contreras en su oficina, según un fiscal adjunto que declaró ante el Consejo.
La detención fue denunciada públicamente como un abuso de poder y provocó la intervención de instancias superiores que ordenaron la liberación inmediata de los vecinos, al no encontrarse fundamentos legales para su arresto.
El expediente disciplinario también documenta un ambiente de miedo y maltrato dentro de la fiscalía. Múltiples testimonios describen a Contreras como una figura autoritaria que recurría con frecuencia a insultos, amenazas y humillaciones.
“Nos trataba como si fuéramos basura”, declaró una empleada administrativa. Otro testimonio reveló que gritó a una fiscal adjunta frente a todo el personal: “¡Tú no sirves para nada!”.
El Consejo recopiló más de una decena de testimonios coincidentes, los cuales describen un patrón de acoso laboral, lenguaje ofensivo y trato desigual. Varios empleados expresaron temor a denunciar por miedo a represalias o despidos.
La investigación interna concluyó que el fiscal incurrió en faltas graves como:
Acoso laboral reiterado
Trato humillante hacia sus subordinados
Uso de lenguaje intimidante
Abuso de autoridad contra líderes comunitarios
Orden de arresto sin respaldo legal
“La conducta del fiscal atentó contra los derechos fundamentales tanto de ciudadanos como del personal del Ministerio Público”, señala la resolución.
El ahora exfiscal negó las imputaciones y alegó ser víctima de una campaña interna para destituirlo, pero no presentó pruebas ni testigos que refutaran los testimonios recogidos.
Aunque la Inspectoría General del Ministerio Público había solicitado su inhabilitación por cinco años, el Consejo consideró la sanción “excesiva”, al no haberse probado enriquecimiento ilícito ni actos de corrupción.
“La destitución es proporcional a los hechos comprobados”, concluye el documento.
Contreras tiene derecho a apelar la decisión ante el Consejo Superior del Ministerio Público.