Publicado en Nacionales, hace 2 horas
Santo Domingo. – Una creciente preocupación ha surgido en el Congreso Nacional tras recientes asesinatos registrados en el país con características propias del sicariato. Legisladores de diferentes bancadas expresaron este viernes su inquietud por el patrón de violencia y exhortaron a las autoridades a profundizar las investigaciones y reforzar la protección ciudadana.
Entre los casos que generaron alarma, se encuentra el asesinato de Luis Gustavo Grullón D’Aza, de 23 años, ocurrido en San Francisco de Macorís. Grullón era testigo clave en un proceso judicial y, según sus familiares, había advertido que su vida corría peligro. Ellos aseguran que fue silenciado para impedir su testimonio, y señalan como presunto responsable a Willington Burgos, imputado por otro asesinato ocurrido en febrero de 2024.
También se mencionó el caso de Lodizol de los Santos, alias “El Cristiano”, asesinado de un disparo en el Malecón de Puerto Plata durante la madrugada del lunes. De acuerdo con reportes preliminares, fue alcanzado por un disparo en el hemitórax derecho, lo que le causó graves daños pulmonares. En el lugar del hecho, agentes del Dicrim recolectaron al menos seis casquillos de bala calibre 9mm.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, expresó que los hechos podrían estar relacionados con una ola de sicariato y urgió a la Policía Nacional a investigar a fondo:
“Hay un modus operandi que debe tratarse con seriedad. Cuando se desatan este tipo de asesinatos, muchas veces hay intereses ocultos que no se ven a simple vista”.
Por su parte, Pedro Antonio Martínez, legislador por Alianza País, advirtió que el asesinato de un testigo judicial “es un ataque directo al sistema de justicia”. Mencionó además que, como ha señalado la procuradora Yeni Berenice Reynoso, en muchos crímenes recientes aparece vinculado un militar o un policía, lo que plantea preocupaciones sobre la posible infiltración de estructuras criminales en las fuerzas del orden.
Martínez alertó sobre la posibilidad de que el país experimente una escalada de violencia como la vivida en otras naciones de la región.
“Hay que actuar con inteligencia y prevención. Las ejecuciones extrajudiciales deben cesar y no podemos permitir que se normalicen este tipo de hechos que socavan la seguridad y la justicia”.
Las autoridades investigan si ambos asesinatos están relacionados con actividades delictivas y redes criminales, mientras desde el Congreso se insiste en que no se subestimen estos hechos ni se traten como casos aislados. La seguridad ciudadana y la integridad del sistema judicial, afirman, están en juego.