Diputados dicen que Janel Ramírez archivó informes de auditoría que revelaban malversación de fondos

Santo Domingo-La Comisión de la Cámara de Diputados sobre la investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas, se destacó en un informe las imputaciones hacia Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la entidad, por una serie de presuntas irregularidades y negligencias en el desempeño de sus funciones.

Este informe detalla diversas acusaciones que apuntan a una serie de decisiones que contravienen principios fundamentales de la gestión pública y de la administración de recursos en el sector estatal.

Uno de los aspectos más críticos de las imputaciones es la acusación de que Ramírez Sánchez habría rechazado y archivado de manera ilegal varios informes de auditoría, algunos con indicios claros de responsabilidad penal, administrativa y civil. Según el informe, estos informes no fueron debidamente discutidos ni analizados, y los expedientes fueron aprobados en bloques sin tener en cuenta las diferencias entre los casos. Entre estos informes, se incluyen auditorías a entidades como la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, la Federación Dominicana de Ajedrez y el Ministerio de Energía y Minas, entre otras.

Además, se le imputa una ejecución deficiente presupuestaria durante su gestión. En 2021, el presupuesto aprobado para la Cámara de Cuentas fue de RD$1,674,250,000, de los cuales solo se ejecutó el 54%, es decir, RD$910,700,000. En 2022, con un presupuesto de RD$1,474,248,087, solo se ejecutó el 68%, lo que resultó en un sobrante de RD$474,618,576. Esta baja ejecución presupuestaria es interpretada como un reflejo de la ineficacia administrativa bajo su liderazgo, exacerbada por un ambiente de conflictos internos en la Cámara de Cuentas.

Otro punto crítico señalado es el incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA), cuya implementación “fue claramente deficiente”.

En 2021, de las 79 auditorías aprobadas, solo se ejecutaron 10, lo que representa un 13%. Para 2022, el incumplimiento fue aún más pronunciado, con solo 2 de las 88 auditorías aprobadas llevadas a cabo, es decir, apenas un 2%.

La Comisión de la Cámara de Diputados atribuye este incumplimiento al ambiente conflictivo entre los miembros de la Cámara de Cuentas, creado según los investigadores por el mismo presidente, lo cual afecta directamente la capacidad de la entidad para cumplir con sus funciones de supervisión y control.

Otro aspecto crítico señalado en el informe es la asignación de fondos públicos de manera irregular. Ramírez Sánchez fue acusado de votar un favor de una indemnización en el caso de la desvinculación de Alfredo Antonio Peralta Rivas, una decisión que, según la Comisión, fue tomada de manera ilegal, sin el respaldo de los procedimientos establecidos. Esto, junto con la falta de convocatorias suficientes del Pleno de la Cámara de Cuentas, generó un clima de crisis institucional que afectó la productividad y las funciones constitucionales de la entidad.

Además de las acusaciones de mala gestión financiera, el informe subraya la falta de transparencia en la toma de decisiones. Solo el 6% de los 702 temas tratados en las sesiones del Pleno de la Cámara de Cuentas hasta junio de 2023 se refirieron a informes de auditoría. El resto de los temas fueron de carácter administrativo, lo que refleja un enfoque desviado hacia lo que no es esencial para la misión de fiscalización y control fiscal de la institución.

Otro punto clave es la elaboración del presupuesto de la Cámara de Cuentas para los años 2022 y 2023, que fue realizada sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, lo que constituye una violación al marco legal de su funcionamiento. Esta falta de participación en la toma de decisiones clave refuerza la imagen de una gestión centralizada y carente de transparencia.

El informe también critica la actuación de Ramírez Sánchez en relación con la remisión de informes al Congreso Nacional. A pesar de las evidentes irregularidades en los informes de auditoría y la falta de verificación de la correcta ejecución del presupuesto, Ramírez permitió su envío al Congreso sin los debidos procedimientos de verificación y sin que los informes estuvieran acompañados de los resultados de las auditorías necesarias. Esta acción se considera una violación grave de los artículos constitucionales y legales que rigen la Cámara de Cuentas.