Publicado en Nacionales, hace 21 horas
Por Rode Feliz
Santo Domingo.- La sociedad dominicana ha hecho un contundente llamado a través de los medios de comunicación al Gobierno, solicitando la inmediata ejecución de la Ley 120-99, promulgada durante el primer período de gobierno del expresidente Leonel Fernández. Esta normativa, que fue diseñada con el propósito de erradicar la contaminación pública, impone sanciones severas a todas aquellas personas que sean sorprendidas arrojando basuras y desechos en lugares públicos.
La Ley 120-99 prohíbe, de manera tajante, que personas físicas o jurídicas lancen desperdicios sólidos, residuos de cualquier tipo o materia en las calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, cañadas y otros espacios públicos. Esta legislación, que sigue siendo de gran relevancia para el bienestar colectivo, busca garantizar un entorno más limpio y saludable para todos los ciudadanos.
Según el Artículo 2 de la ley, se prohíbe además a los inquilinos y propietarios de hogares y establecimientos comerciales sacar basuras, desechos o cualquier tipo de desperdicio en horarios distintos a los establecidos por las disposiciones municipales correspondientes. Esto tiene como objetivo mantener el orden en las vías públicas y evitar la acumulación descontrolada de residuos en los espacios urbanos.
El Artículo 4 establece sanciones claras para quienes infringen esta normativa. Las personas que sean sorprendidas arrojando basuras, desechos o desperdicios de cualquier tipo en lugares públicos serán condenadas a penas de prisión que van de dos a diez días, o multas de 500 a 1,000 pesos, o ambas sanciones de manera simultánea. En caso de reincidencia, se duplicarán las multas y se aplicará el máximo de la pena establecida, con lo cual se busca disuadir a quienes aún insisten en vulnerar la ley.
Para los ciudadanos, esta legislación es vital para el mantenimiento del orden y la higiene en el país. Consideran que la ejecución de la Ley 120-99 contribuirá en gran medida a reducir la contaminación visual y ambiental en las principales ciudades y comunidades del país, favoreciendo un entorno más saludable tanto para los residentes como para los turistas.
En este sentido, la sociedad dominicana hace un llamado a las autoridades locales, como las alcaldías, y a las instituciones correspondientes para que refuercen la vigilancia y la aplicación de la ley. “Es hora de vivir en un país más limpio, donde se respeten las normativas para el bienestar colectivo”, comentaron ciudadanos de diferentes sectores, quienes consideran que la implementación efectiva de la ley será clave para avanzar hacia una República Dominicana más ordenada y limpia.