El abuso de las EDE

Rafael Ramirez Medina 

En los últimos meses, millones de dominicanos han sentido en carne propia el peso asfixiante de las tarifas eléctricas. Las facturas de luz han aumentado de forma significativa, afectando a familias, comercios y empresas.

Mientras los ingresos de los hogares permanecen prácticamente estancados y el costo de la vida continúa subiendo, las EDE parecen operar con total desconexión de la realidad económica del país, trasladando sus ineficiencias al bolsillo del ciudadano.

Lo más preocupante es que este incremento no ha estado acompañado por una mejora visible en la calidad del servicio. Persisten apagones, fluctuaciones de voltaje que dañan equipos y un trato al usuario que muchas veces deja más preguntas que respuestas.

El dominicano se siente indefenso ante un sistema que parece no respetar ni valorar el esfuerzo que realiza cada familia por cumplir con sus obligaciones.

Para cualquier hogar trabajador, la energía eléctrica representa hoy una de las cargas más grandes del presupuesto familiar. En muchos casos, las facturas superan el 15% o incluso el 20% del ingreso mensual.

Esto significa que un empleado que gana 30,000 pesos puede estar destinando entre 4,500 y 6,000 pesos al mes solo para pagar electricidad.

¿Cómo puede vivir dignamente una familia bajo ese escenario?

Cabe preguntarse si este incremento responde realmente a costos de producción, o si estamos frente a un mecanismo no declarado de recaudo fiscal encubierto.

El silencio del Gobierno en muchos casos, y la falta de explicaciones claras, han generado desconfianza. ¿Estamos utilizando la tarifa eléctrica para cubrir déficits presupuestarios o compensar deficiencias financieras internas del sector eléctrico?

El Estado tiene el deber de garantizar acceso justo y razonable a servicios básicos, especialmente cuando estos son monopolios naturales bajo control o supervisión gubernamental.

La transición energética, la estabilidad financiera de las EDE o la modernización del sistema no pueden justificarse golpeando directamente al ciudadano sin transparencia ni gradualidad.

Instituciones como Pro Consumidor y las entidades reguladoras deben ejercer su rol con firmeza y valentía. No pueden limitarse a comunicados y reuniones. Deben defender activamente al usuario, investigar, comparecer públicamente y exigir claridad.

De lo contrario, su silencio se interpretará como complicidad con prácticas abusivas que castigan al más vulnerable.

El pueblo dominicano merece explicaciones claras, ¿Por qué suben las tarifas? ¿Cómo se calculan? ¿Cuál es el plan para reducir costos y mejorar eficiencia? ¿Dónde están los resultados del proceso de capitalización y las promesas de eficiencia del sector eléctrico? La transparencia es una obligación, no un favor.

La solución a esta crisis no puede ser simplemente cargar más a los usuarios. Se requiere una gestión eficiente, auditorías reales, revisión de contratos energéticos, reducción de pérdidas, combate al fraude institucional y social, y modernización con enfoque técnico y no político.

El sistema eléctrico dominicano no puede seguir siendo un agujero sin fondo financiado por el pueblo trabajador.

El Gobierno debe intervenir con firmeza. No basta con subsidios temporales o discursos técnicos. Se necesita una política energética responsable, sostenible y socialmente justa. La electricidad no es un lujo; es un servicio esencial para la productividad, la salud, la educación y el desarrollo nacional. Castigar al ciudadano no puede ser la estrategia.

A quienes argumentan que “todo está controlado”, la realidad les responde con recibos que ahogan y testimonios de indignación y frustración. La paciencia del pueblo tiene límites.

La energía debe ser un motor de desarrollo, no una fuente de sufrimiento financiero y descontento social creciente. Nos sentimos impotente y peor aún no tenemos donde recurrir y cuando esto sucede se torna peligrosa para la paz social.

Este llamado no es político, es patriótico. Queremos un sistema energético eficiente, justo y transparente; queremos instituciones que defiendan al consumidor; queremos un Gobierno que escuche y actúe.

El país no aguanta más abusos. Es hora de poner al ciudadano primero y garantizar que la luz del progreso llegue a todos, no solo a las estadísticas y los boletines oficiales.