El Código Penal: la manzana de la discordia

El proceso de aprobación del Código Penal, en carpeta del Congreso Nacional desde hace unos tres lustros, llegó finalmente a su esperada conclusión. Pero no es que todo el mundo está de acuerdo, ni tampoco que con su promulgación se han satisfecho todas las expectativas creadas; mucho menos se puede asumir que sea un código perfecto y que ya están zanjadas todas las contradicciones que afloraron en las discusiones.

Realmente, el nuevo código solo abre el espacio para profundizar en la búsqueda de un instrumento jurídico conceptual que nos permita ser identificados como un país en vías de desarrollo y de frente a la realidad particular de nuestra nación en este primer cuarto del siglo XXI.

Si tuviéramos que definir este trayecto de consulta y discusión en una simple frase -visto el resultado- debemos estar contestes en que: “aprobamos el único código que era posible aprobar”. Además, tenemos que consignar, que ese logro se pudo materializar: “por la voluntad incuestionable del presidente Luis Abinader Corona, que colocó de lado la opinión particular de una parte de su familia y la de él mismo, para hacer que prevalezca el interés y bienestar del pueblo dominicano”. Sin su desprendimiento personal y su vocación democrática, no lo hubiéramos logrado, como no se pudo antes.

Ahora tenemos un año para definir el mecanismo de aplicación de este prontuario de conceptos legales, y establecer el procedimiento que permita el funcionamiento pleno de esta renovada herramienta de sanción a las violaciones de nuestras leyes.

Este margen de tiempo para la entrada en función del nuevo Código Penal, resulta más que conveniente, porque permite que, ya convertida en ley la propuesta, no haya espacio para las estériles discusiones que precedieron a su aprobación.

En lo adelante, únicamente habrá oportunidad para mejorarlo; y las intransigentes posiciones adoptadas por el conservadurismo de las iglesias, por un lado, y el exagerado esnobismo de los llamados “sectores progresistas” (tan progress como extranjerizantes) por el otro, habrá que someterlos al juicio de las mayorías con algún procedimiento de consulta popular, que muy bien pudiera ser un plebiscito.

Dos de las tres causales que justifican el aborto, necesariamente, tendrán que ser sancionadas en un escenario de mayor amplitud que el ofrecido por el Congreso. Esa labor quedará pendiente para la clase política y la sociedad; claro, deberá definirse también un método que garantice la sobriedad de la decisión adoptada.

Si optamos por el plebiscito, tendremos que establecer un mínimo de diferencia  entre las propuestas, a fin de que no quede duda alguna sobre la que resultare ganadora. Digamos que para ser válida la consulta, la propuesta ganadora debe superar en un porcentaje (10% quizás) a la perdedora; y si no se logra ese margen, en las elecciones nacionales -dentro de cuatro años- se someterá de nuevo la consulta.

Yo sé que los dos bandos en pugna han dividido el país casi en partes iguales; y también sé que harán hasta lo imposible para torpedear el método que adoptemos buscando la decisión final respecto a este espinoso asunto de las causales que validen el aborto.

Pero el Estado tiene el deber de conducir y modular las discusiones, y darle una salida de Estado al problema. Por eso es de rigor abordar el tema con cautela y no permitir que se manifieste parcialidad alguna del equipo negociador hasta contar con el apoyo de las partes.

Ya, mirando a futuro, podremos sancionar los delitos con un instrumento que, aun y cuando no es perfecto, nos permitirá adecuar la sociedad a la realidad del Siglo XXI, en lugar del vetusto Código Napoleónico, vigente todavía en nuestro sistema de justicia.

El régimen de consecuencias, que es la única respuesta justa a la impunidad que protege la corrupción, al fin podrá aplicarse a plenitud; y los cientos de modernos delitos que no había manera de sancionarlos -porque no se conocían siquiera- hoy sí podrán ser castigados, en proporción al daño que ocasionan a la sociedad.

Con el ánimo de no ahondar las contradicciones de esta sociedad, voy a señalar un aspecto de la discusión que se ha generado en torno a este controversial tema. Los asuntos ligados a la creencia religiosa de la gente, hay que mantenerlos en ese mismo renglón, como un asunto absolutamente personal.

Sin embargo, cuando se trata de políticas públicas, que van a afectar a todos los dominicanos, al margen de su militancia y de su fe, se hace necesario extender el manto del raciocinio lógico en las conversaciones, a fin de llegar a decisiones que no lesionen sus criterios particulares, pero que a la vez se puedan aplicar sin límite una vez sean aceptadas por cada uno.

Estoy hablando de establecer responsabilidad personal cuando alguien se niega a aceptar o poner en práctica una resolución del Estado dominicano, que se supone  debe ser acatada por todos los ciudadanos y que puede generar alguna dificultad en el futuro.

En mi caso, es importante señalar estos detalles porque yo, por ejemplo, soy padre, abuelo o bisabuelo de cerca de veinte mujeres. Hoy día estoy contra el aborto selectivo, aunque en mi juventud lo apoyé y hasta lo decidí. Sin embargo, creo que esta es una decisión que ni yo ni ningún otro hombre debe tomar, dado el caso de que es una atribución exclusiva de la mujer.

Las mujeres pueden consultar o ser influenciadas por los hombres de la familia, pero es una decisión en las que ellas tienen la última palabra. Porque se trata de su cuerpo y de su vida, y ningún hombre debiera tener derecho a opinar sobre lo que una mujer puede hacer con su cuerpo.

¡Vivimos, seguiremos disparando!