Publicado en Editorial, hace 1 día
La República Dominicana, a pesar de ser una isla con abundantes recursos hídricos en teoría, enfrenta un desafío perenne y creciente en la gestión de su agua potable. Con cada año que pasa, y especialmente en los meses de sequía, la discusión sobre la disponibilidad y distribución equitativa del vital líquido cobra mayor relevancia. Este 2025 no es la excepción.
La urbanización acelerada, el crecimiento demográfico, la obsolescencia de gran parte de la infraestructura de acueductos y el impacto cada vez más notorio del cambio climático, con patrones de lluvia erráticos, se combinan para crear una ecuación compleja. Vemos a diario comunidades enteras sufriendo racionamientos severos, mientras que en otros puntos se denuncia el despilfarro o la falta de conciencia en el uso.
Es imperativo que, como sociedad y como gobierno, se eleve la gestión del agua a una prioridad nacional de primer orden. Esto implica no solo la inversión en nuevas presas y sistemas de distribución, sino también la modernización de la red existente para reducir fugas, la implementación de políticas de reforestación para proteger las cuencas hidrográficas, y campañas de concienciación ciudadana que fomenten el uso responsable.
La seguridad hídrica no es un lujo, sino un derecho fundamental y un pilar para el desarrollo sostenible de la nación. Abordar este desafío con visión de futuro y acciones concretas es esencial para garantizar la calidad de vida de todos los dominicanos y la viabilidad de nuestra economía.