El partido del nieto de Trujillo entrega plan ante crisis de Haití

Santo Domingo.- Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática, remitió al  Consejo Económico y Social (CES) y al presidente Luis Abinader una serie de recomendaciones para enfrentar las repercusiones que la crisis de Haití tiene en la República Dominicana.

Domínguez dijo que dicho Plan «constituye una respuesta estructural, firme y patriótica ante la crítica situación migratoria que afecta al país, la cual ha sido agravada por décadas de permisividad institucional y por el colapso del Estado haitiano».  La propuesta abarca 25 medidas que, según el PED, ayudarían a restaurar el control fronterizo, combatir la ilegalidad migratoria y recuperar el empleo para los dominicanos.

Las mismas son las siguientes:

Reforma constitucional para blindar la nacionalidad dominicana.

Censo y depuración de extranjeros ilegales.

Implementación del plan Operación Retorno Seguro para la repatriación inmediata.

Militarización integral de la frontera.

Rediseño y fortificación del muro fronterizo.

Eliminación de la doble documentación y falsificación sistemática.

Sanción a funcionarios corruptos y desmantelamiento de redes de tráfico humano.

Cancelación del plan de regularización masiva.

Eliminación de subsidios estatales a extranjeros ilegales.

Auditoría y cancelación de ONGs que promuevan la ilegalidad.

Fiscalización del mercado laboral y sanción a empleadores de ilegales.

Desarrollo socioeconómico de las zonas fronterizas dominicanas.

Estrategia internacional para exigir corresponsabilidad en la crisis haitiana.

Reactivación del canal La Vigía y soberanía hídrica.

Campañas de concienciación patriótica y educación en soberanía.

Control de partos de extranjeras ilegales en hospitales dominicanos.

Creación de tribunales especializados en migración y una fiscalía de frontera.

Protección del patrimonio territorial frente a compras irregulares.

Auditoría y reforma del Ministerio de Interior y la Dirección de Migración.

Control de remesas enviadas por ilegales y bloqueo de operaciones financieras.

Fiscalización de campamentos y organizaciones que alberguen ilegales.

Creación de una tarjeta fronteriza de tránsito controlado.

Eliminación del turismo de parto por extranjeras ilegales.

Fundación del Instituto Nacional de Estudios Fronterizos y de Migración.

Ejecución del PROSOLADO (Programa de Soberanía Laboral Dominicana) para erradicar la mano de obra ilegal.

Dos Ejes Cardinales de la Operación 27 de Febrero

Operación Retorno Seguro – Un plan nacional de repatriación inmediata, permanente y sistemática, que contempla:

Centros de retención humanitaria debidamente habilitados

Establecimiento de rutas logísticas para deportaciones diarias

Unidades móviles con tecnología biométrica

 Control estricto a reincidentes

 Convenios bilaterales con Haití para la recepción de repatriados

Supervisión nacional e internacional del proceso

Programa de Soberanía Laboral Dominicana (PROSOLADO) – Un plan orientado a reemplazar progresivamente la mano de obra haitiana ilegal por dominicanos en sectores como agricultura, construcción y servicios, mediante:

Capacitación técnica gratuita

Fiscalización del régimen 80/20

Inspectoría migratoria laboral

Plataforma nacional de empleo formal

 Cierre de redes de reclutadores ilegales

Subvenciones a empresas para compensar el aumento salarial, financiadas con los ingresos fiscales por formalización

Según el PED, este último punto del PROSOLADO es clave, ya que, al formalizar a unos 500,000 trabajadores ilegales, el Estado estaría recaudando un poco más de RD$1,000 millones mensuales en impuesto, que permitirían subsidiar a las empresas para compensar cualquier diferencia salarial, facilitando así una transición justa hacia el empleo formal y autorizado.

Advierte que una propuesta de  modificación que cursa en el Congreso Nacional, que pretende eliminar la palabra ‘científico’ de los requisitos establecidos en el artículo 139 del Código de Trabajo, abriría las puertas a una masificación aún más amplia de la mano de obra haitiana en sectores clave del país.

«Esta medida no solo amenaza la estabilidad del mercado laboral dominicano, sino que representa una cesión grave en términos de soberanía laboral», dice.

Señala que una «Cumbre Nacional por la Dominicanidad» sería un espacio que aportaría al diálogo nacional y es parte de una iniciativa del PED en alianza con el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).