El Senado y Finjus piden al TC reconsiderar su sentencia sobre las candidaturas independientes

Santo Domingo.-   Ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en diciembre y que allana el camino para presentar candidaturas sin el aval de los partidos políticos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), pidieron este jueves a la alta corte que reconsidere su decisión porque la figura política independiente no está establecida en la Carta Magna.

La sentencia del TC, aunque ya lleva casi dos meses desde que fue emitida, ha revuelto el panorama político provocando que los principales dirigentes de partidos rechacen la decisión de la alta corte, al promover que la Junta Central Electoral (JCE) elabore un proyecto de ley para regular las aspiraciones fuera de los partidos políticos.

Después de salir del encuentro internacional Parlamentos y Prosperidad, el presidente del Senado expresó que “ojalá” que el Tribunal Constitucional reconsidere su decisión, aunque se mostró abierto a una ley regulatoria que organice la presentación de las candidaturas para que cualquier ciudadano no tenga acceso a las postulaciones y que, en consecuencia, estas aspiraciones estén ordenadas.

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) apoyó la búsqueda de “una solución colectiva” que permita que a todos los actores clave de la sociedad civil y los políticos opinen sobre la regulación.

Finjus: La Constitución no las contempla

De su lado, Servio Tulio Castaños, quien es vicepresidente de la Finjus y también participa en el foro internacional de los parlamentos, explicó que la Constitución no contempla en ningún artículo a los candidatos independientes, por lo que respaldó una revisión de la sentencia que permita la aplicación de la figura en el país.

Castaños detalló que el diseño constitucional de la República Dominicana provoca que cualquier candidatura esté amparada bajo “el monopolio” de los partidos políticos, por lo que el establecimiento de los independientes sería “difícil” en el país.

“Lo más fácil sería que el tribunal pueda variar su criterio porque desde el punto constitucional, las candidaturas independientes la Constitución no la contempla y eso le está haciendo muy difícil a la propia Junta Central Electoral poder regular eso”, dijo Castaños, quien agregó que en otras ocasiones esa alta corte ha variado su criterio.

Los independientes debilitarían la democracia

A entender de la senadora María Mercedes Ortiz, representante de la provincia Hermanas Mirabal por el PRM, “las candidaturas independientes, lejos de fortalecer la democracia, lo que harían es debilitarla”.

Ortiz explicó que los partidos políticos son los que sustentan la democracia en el país y abogó para que cualquier aspiración electoral esté ceñida a las organizaciones “como lo establece la Constitución”.

Diputados piden una ley que regule

En contraste, los voceros del PRM y la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Amado Díaz y Rafael Castillo, respectivamente, respaldaron la creación de un proyecto de ley que regule las aspiraciones independientes, tal como lo hace la JCE actualmente.

Ambos voceros coincidieron en que la sentencia tiene un sustento de derecho y constitucional, pero insistieron en la necesidad de una regulación que organice todas las aspiraciones para que los candidatos compitan bajo las mismas condiciones en elecciones futuras.

La polémica sentencia

En diciembre, el Tribunal Constitucional, por mayoría de votos, ordenó la anulación de dos artículos de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral para que los candidatos independientes, que ya estaban contemplados en la normativa, no estén en la obligación de cumplir con algunos requisitos técnicos que son muy similares a los que cumplen los aspirantes afiliados a partidos políticos.

En su rendición de cuentas del 2024, el presidente del TC, Napoleón Estévez, aclaró que la alta corte no fue la que creó la polémica figura, sino la que instó a que se regulen las aspiraciones en consonancia con la Constitución.