Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), advierte que el sistema de exoneraciones reproduce desigualdades estructurales en la política fiscal dominicana.
“Existe una distribución injusta desde el punto de vista impositivo. La mayoría de estas exenciones se otorgan a sectores privilegiados, mientras productos de consumo básico como la leche tienen un gravamen de 18%”, sostuvo Vargas.
El economista también criticó la falta de control sobre el uso real de los vehículos importados bajo exoneración. Señaló que muchas unidades, aunque son declaradas como activos empresariales o institucionales, en la práctica son utilizadas para fines personales.
“A través de estas exenciones, se podría estar encubriendo un negocio privado con el sacrificio fiscal del Estado”, advirtió.
Un instituto de investigación fiscal
Ante esta situación, Vargas propuso la creación de un Instituto de Investigación Fiscal independiente, que permita vincular los ingresos con los respectivos gastos del Estado. A diferencia del actual centro tributario, este organismo tendría como objetivo evaluar el impacto real de las políticas fiscales y sería supervisado por entidades cívicas.
“Debe establecerse un mecanismo de sanción para los funcionarios, empresas, instituciones u organizaciones que se nieguen a entregar información pública sobre el uso de los incentivos fiscales”, añadió.
Un gasto creciente y poco transparente
Para 2025, se estima que el gasto tributario de la exoneraciones por importación de vehículos alcanzará los RD$9,192 millones, el 2.4% del gasto tributario total proyectado (RD$383,566 millones), según el economista Haivanjoe Ng Cortiñas.
En comparación, en 2024 el monto estimado fue de RD$4,557 millones, lo que implica que el costo para el Estado se habría duplicado en solo un año.
Ng Cortiñas subraya que el marco normativo vigente es disperso y carente de transparencia, ya que cada sector beneficiado recibe un tratamiento distinto. “El régimen de exoneraciones de vehículos es diverso, poco coherente y susceptible a discrecionalidades”, advirtió.
Desde su perspectiva, una eventual reforma fiscal responsable debería unificar estos beneficios en una legislación integral con objetivos claros y medibles en términos sociales, ambientales y económicos. También recomienda alinear estos incentivos con las mejores prácticas de países competidores en atracción de inversión extranjera.
La respuesta de Hacienda
Consultado al respecto, el Ministerio de Hacienda informó que está desarrollando una metodología para evaluar el impacto real de las exoneraciones fiscales. Esta herramienta permitiría analizar los efectos antes y después de su implementación, desde una perspectiva fiscal, social y macroeconómica.
Según explicó la institución, el objetivo es contar con modelos de análisis que fortalezcan la toma de decisiones basadas en evidencia y permitan identificar distorsiones en el sistema tributario.
Sobre posibles casos de uso indebido, Hacienda aclaró que su rol se limita a autorizar los beneficios, mientras que la fiscalización corresponde a la Dirección General de Aduanas (DGA). Aseguraron que los beneficiarios deben cumplir con la Ley 4027, sobre Exoneraciones de Impuestos y que cualquier violación está sujeta a sanciones. Hasta la fecha, no se han documentado formalmente casos de irregularidades desde la jurisdicción del Ministerio, aunque el marco legal contempla mecanismos para penalizar el mal uso de estos beneficios.
Hacienda también fue consultada sobre algunas disposiciones que contenía la base de datos de exoneraciones vehiculares, pero la institución se desligó e indicó que ellos “no tenían competencia sobre las mismas”, señalando su responsabilidad a la DGA, entidad que no ha ofrecido respuestas a la fecha sobre estas.
Un agujero fiscal difícil de cerrar
En octubre de 2024, el Gobierno presentó una propuesta de reforma fiscal con la meta de recaudar entre RD$110,000 millones y RD$122,486 millones, equivalentes a aproximadamente 1.5% del PIB. La iniciativa incluía la eliminación o racionalización de múltiples exenciones fiscales y ajustes en el ITBIS, pero fue retirada pocos días después ante la falta de consenso social y político.
En ese contexto, el sacrificio fiscal por concepto de exoneraciones vehiculares, más de RD$3,854 millones en cuatro años, equivale al 3.2% del total que se esperaba recaudar con toda la reforma.
Si se agregan otras exenciones y subsidios de impacto similar, el monto total de ingresos no percibidos podría superar con facilidad el 10% del objetivo de recaudación planteado. Esto evidencia que el rediseño del sistema de incentivos fiscales no solo es una necesidad técnica, sino una prioridad política y social ineludible. En próximas ediciones, se ampliarán estos detalles con un enfoque más profundo sobre los sectores y entidades beneficiadas por las exoneraciones vehiculares, así como el impacto que estas prácticas tienen sobre la equidad tributaria, el gasto público y la estabilidad macroeconómica del país.
¿Cómo lo hicimos?
A través de una solicitud por libre acceso a la información pública realizada a la Dirección General de Aduanas (DGA) obtuvimos una base de datos que contiene todos los detalles sobre las importaciones de vehículos al país que aplicaban para alguna exención fiscal.
Limpiamos, organizamos, extrajimos y analizamos todos los datos que contenía el dataset, permitiendo luego encontrar esta y el resto de las historias que agrupan esta serie de trabajos.
Si desea acceder a la base de datos completa, puede presionar aquí o escribir a nuestro periodista de datos paul.mathiasen@listindiario.com para cualquier información relacionada.
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