Video:Familiares denuncian ejecución de hombre por agentes DICRIM en Baní

Baní.- Un caso que ha conmocionado a la comunidad de Baní y generado serias preocupaciones sobre el uso de la fuerza policial se desarrolló cuando familiares y amigos de Bernardo Modesto Cabrera, guerrero de 40 años, denunciaron públicamente lo que consideran una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos (DICRIM).

Los manifestantes vociferaban indignados tras calificar la acción de los agentes como extrema y desproporcionada, negando categóricamente que la víctima portara un arma de fuego al momento del incidente. «Que están abusando, que lo mataron a quemar ropa, debieron de llevarse a los presos y no matarlo así. Yo le hago ese llamado al presidente que detenga esto», gritaron familiares visiblemente afectados, recordando que «la primera orden general de un policía es proteger vida y propiedades públicas y privadas».

Los testimonios de testigos presenciales del incidente pintan un cuadro preocupante sobre el desarrollo de los hechos. De acuerdo a estas versiones, los miembros del DICRIM se desmontaron de una yipeta marca Honda modelo CRV de color negro y prácticamente sin mediar palabras dispararon contra Cabrera. Esta descripción sugiere una actuación que no siguió los protocolos estándar de detención.

Un testigo ofreció detalles específicos sobre la secuencia de eventos: «Uno de los agentes lo agarró por el poloche y otro agarró, cuando lo agarró por el frente le tiró los tiros, sin él ponerse de malcriado, ni forcejear, ni nada». Este testimonio indica que la víctima no opuso resistencia ni mostró comportamiento agresivo que justificara el uso letal de la fuerza.

La gestión posterior al disparo también ha sido cuestionada por los testigos. Según los relatos, «lo montan en la yipeta, no cogen para el hospital con él. Llegan a la media hora al hospital con él y lo desbarataron», sugiriendo demoras en la atención médica que podrían haber sido cruciales para salvar la vida de Cabrera.

Un elemento clave en este caso es que todo el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes, según los observadores, muestran claramente cómo los miembros de la uniformada detienen al fallecido. Los testigos enfatizan que en las grabaciones se puede constatar que «él no intentó escapar, no los agredió como están alegando ellos en sus páginas de redes sociales, porque él no sacó ningún tipo de arma».

La gravedad del caso ha llamado la atención de organizaciones de derechos humanos. El presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos emitió una declaración contundente después de revisar el material audiovisual disponible: «He visto los videos que circulan en todas las redes sociales, ese hecho se trata de una verdadera ejecución que constituye una violación al derecho a la vida».

Por su parte, la versión oficial presenta una perspectiva diferente. El vocero de la Policía Nacional defendió la actuación asegurando que el occiso era buscado en atención a varias órdenes de arresto y «es señalado por comunitarios de Villa Majega, en Baní, Provincia Peravia, con múltiples denuncias de robos y asalto». Esta información sugiere que Cabrera tenía antecedentes delictivos y era objeto de búsqueda policial.

Sin embargo, la comunidad local muestra división sobre la actuación policial. Varios comunitarios que prefirieron no hablar ante las cámaras expresaron que el accionar de los agentes es cuestionable, sugiriendo que incluso personas que conocían los antecedentes de la víctima consideran que la respuesta policial fue desproporcionada.

El caso ha generado suficiente preocupación como para que la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos programara una intervención directa. La organización informó que este miércoles a las 11 de la mañana ofrecerá una rueda de prensa en Baní, donde se compromete a dar otros detalles sobre el caso y presumiblemente presentar sus conclusiones preliminares sobre los hechos.

Este incidente se inscribe en un contexto más amplio de preocupaciones sobre el uso de la fuerza policial en República Dominicana y plantea interrogantes importantes sobre los protocolos de detención, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. La disponibilidad de video evidencia convierte este caso en una prueba importante para la transparencia y la justicia en la evaluación de la conducta policial.