Finjus advierte nuevo Código Penal “es una necesidad impostergable”

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su respaldo a las recientes declaraciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien exhortó al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal.

La procuradora subrayó la necesidad urgente de actualizar el marco legal para garantizar sanciones proporcionales y adecuadas a la gravedad de los delitos, señalando que la legislación vigente está desfasada y no responde a la realidad actual delictiva.

Según un comunicado de prensa, la reforma del Código Penal no solo moderniza el sistema legal, sino que también permite incorporar respuestas más eficaces frente a las nuevas formas de criminalidad. Este proceso es esencial para fortalecer la política criminal y mejorar la eficiencia del sistema de justicia, al dotarlo de mayor coherencia y claridad en la aplicación de las normas.

“Desde Finjus hemos participado activamente en las discusiones legislativas sobre la reforma penal y reiteramos que su aprobación es impostergable”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños.

Agregó que el sistema actual está rezagado y no ofrece herramientas jurídicas adecuadas ante los diversos modelos de criminalidad que han emergido en las últimas décadas. La inclusión de nuevas figuras penales, como el sicariato, representa un paso crucial en la lucha contra la violencia y el crimen organizado.

Expresó que la realidad que enfrenta República Dominicana difiere considerablemente de aquella existente en 1884, año en que fue promulgado el actual Código Penal, y también difiere de la de 2007, cuando se realizó su última modificación.

“Nos encontramos ante un momento crítico: con un Código Penal insostenible y un Código Procesal Penal en riesgo de perder vigencia si no se conocen las reformas dentro del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, el sistema de justicia penal dominicano podría enfrentar un retroceso que pondría en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas”, manifestó.

Afirmó que, como ocurre con otros problemas jurídico-sociales, es importante subrayar que esta situación tiene décadas de evolución, y lo que observamos cada año es su agravamiento. Asimismo, dijo que, aunque no existe una solución inmediata, el país ha llegado a un punto en el que ya no es posible seguir postergando su abordaje.

“Urge aprovechar este momento con un espíritu de concertación profunda y resaltar la necesidad de integrar al ordenamiento legal tipos penales novedosos como la estafa piramidal, el abandono de adultos mayores, el feminicidio, los abusos de autoridad, el acoso sexual, el bullying, los disparos imprudentes, entre otros”, indicó.

Añadió que, en pleno siglo XXI, caracterizado por un enfoque reforzado en los derechos humanos, con especial énfasis en el debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las penas, resulta preocupante que el discernimiento judicial deba recurrir repetidamente a la legislación comparada ante la falta de respuestas adecuadas en el marco normativo vigente.

Dijo que el Poder Legislativo tiene, en ese sentido, la obligación de conocer y aprobar un nuevo régimen penal que permita responder a la evolución escalonada de las formas delictivas en el país.

“Esta labor forma parte esencial de su rol como garante del bienestar general, el orden público y la protección efectiva de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía”, expresó.

En ese sentido, consideró necesario advertir que el estudio y eventual aprobación de esta pieza legislativa debe hacerse de forma coordinada con la normativa procesal penal y con las leyes especiales que regulan materias afines, pues solo así se evitarán contradicciones normativas que, una vez promulgado el Código, puedan entrar en conflicto con otras conquistas significativas del derecho moderno.

Finalmente, la importancia del alcance de la política penal, según asegura, es esencial para combatir eficazmente la criminalidad, al tiempo que se respete la dignidad y los derechos de las personas.

“En tal sentido, valoramos la reforma del Código Penal bajo consideración en las cámaras legislativas y a la vez planteamos la necesidad de priorizar su conocimiento con detenimiento y profundidad”, concluyó el documento.