Finjus y Colegio de Abogados plantean cómo acelerar procesos judiciales

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) han expresado su preocupación por el elevado número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales del país durante los últimos cinco años.

Servio Tulio Castaños Guzmán y Trajano Vidal Potentini, presidentes de la Finjus y del CARD, respectivamente, coinciden en que esta situación no solo refleja un grave problema en la resolución de los procesos judiciales, sino que también evidencia la ineficacia del sistema de justicia para cumplir con los plazos establecidos, afectando tanto a víctimas como a imputados.

Castaños Guzmán sostiene que la extinción de la acción penal, en muchos casos, se debe a la inacción del sistema judicial, que no logra concluir los procesos dentro del plazo previsto. Esto plantea, indicó el jurista, un cuestionamiento serio sobre la eficiencia de las medidas coercitivas y procesales que se aplican en el país.

Plantea que el Código Procesal Penal establece diversas medidas para asegurar la presencia de los imputados, siendo la prisión preventiva una de las más graves. Sin embargo, Castaños Guzmán entiende que la falta de resolución de los procesos en tiempo oportuno implica que, en algunos casos, se están vulnerando los principios fundamentales de justicia.

El presidente de Finjus añadió que la prisión preventiva, en principio, debería ser una medida excepcional, aplicada solo en casos donde no sea posible evitar la fuga del imputado.

No obstante, señaló que la constante extinción de la acción penal sugiere que el sistema judicial no está cumpliendo su función de manera armoniosa, dejando pasar los plazos y, por ende, desnaturalizando los procesos. Este fenómeno refleja una falla crítica en la administración de la justicia que pone en peligro el Estado de Derecho, estimó.

En este sentido, el jurista entiende que hay que cuestionar las razones detrás de la ineficiencia del sistema, que no solo provoca la extinción de la acción penal, sino que también lleva a la sobrecarga de los centros penitenciarios.

“Esto genera graves problemas, como la falta de atención adecuada a los privados de libertad y el deterioro de sus condiciones de vida, afectando así la dignidad humana, que debe ser garantizada por el Estado”, adujo Castaños Guzmán.

Explicó que esa situación procesal perjudica el sistema y ubica en una posición complicada al marco constitucional garante de las libertades individuales. “El mayor problema aquí, y donde deben estar enfocadas las soluciones, lo representa como tal la composición integral del sistema de justicia, que se extiende desde el Ministerio Público hasta los jueces”, añadió.

Castaños Guzmán entiende que la situación actual demanda una intervención urgente para acelerar los procesos judiciales, cumpliendo con los plazos establecidos y asegurando que disminuya el índice de extinción de casos.

“Esto implica una revisión integral del sistema de justicia para garantizar que se respeten las garantías de todas las partes involucradas y que los casos sean resueltos con la celeridad que exige nuestro marco reglamentario vigente”, precisó el jurista.

Dijo que Finjus hace énfasis en la promoción de un sistema judicial y penitenciario al margen de las disposiciones legales, cumpliendo con cada una de las garantías y preceptos establecidos. “La dignidad humana es tanto un derecho como un valor humano que debe ser garantizado a todo individuo”, agregó.

Consideró que sería conveniente que los actores involucrados en el sistema de justicia dominicano (Ministerio Público, Dirección General de Prisiones, Poder Judicial y la Defensa Pública), a la mayor brevedad posible, convoquen a una mesa de diálogo a los fines de coordinar acciones que vayan en la dirección de resolver los problemas que está generando la extinción de la acción penal, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la efectiva administración de justicia en el país.

Impunidad

De su lado, el presidente del gremio que agrupa a los profesionales del derecho, dijo que es preocupante cómo, en materia de administración de justicia penal, la duración máxima del proceso, que es de unos cuatro años, se ha convertido en un aliado de la impunidad.

Vidal Potentini sostiene también que el tecnicismo, las falencias del Poder Judicial que llevan a que se eternicen los casos, la mora judicial, la falta de tribunales, la falta de jueces y la falta de presupuesto, hacen inútil que el juzgador pueda dar respuesta en el tiempo que prescribe el Código Procesal Penal.

Manifestó que son muchas las falencias, por lo que entiende que debe haber una resolución de las denominadas o llamadas reglas de evidencia, que ya se ha tenido en otras oportunidades, y que sirve para darle uniformidad al accionar de los jueces frente a una serie de criterios y parámetros que deben utilizar para rechazar o no un pedimento, o para darle mayor agilidad a un proceso.

Vidal Potentini consideró que incluso hay algunas decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que plantean algunos parámetros que también pudieran servir.

“Nosotros, como Colegio de Abogados, proponemos trabajar en un manual, en una resolución que adopte reglas de vigencia que le den uniformidad al proceso, al accionar de los jueces, para agilizar los procesos, de que no sea una Torre de Babel, de que cada juez tenga un librito y le pueda dar una solución determinada a un incidente”, precisó el presidente del CARD.