Inseguridad ciudadana, un mal persistente con raíces históricas y consecuencias actuales dice Roberto Santana

Santo Domingo.- El director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, consideró este lunes que la percepción de inseguridad ciudadana en República Dominicana ha sido un tema constante en el debate público, especialmente tras la caída de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en 1961, que para algunos durante su régimen, la criminalidad común era mínima y para otros era alta y solo el tirano la dominaba.

«Es un tema de historia, desde que Trujillo fundó la policía con un objetivo espurio por parte de Trujillo. Trujillo no únicamente era un criminal, Trujillo era un ladrón», sostuvo Santana, para luego indicar Con el vacío institucional tras su asesinato, el país comenzó a evidenciar que la supuesta “seguridad” trujillista no era sostenible ni democrática, continuó diciendo Santana.

Durante el noveno episodio de «Los Valores No Pasan de Moda», producido por Laura Guzmán De Ruiz, el experto planteó como los valores han desaparecido paulatinamente desde los años 80 hasta la actualidad, contribuyendo directamente a la inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad en el territorio nacional.

En las décadas siguientes, especialmente en los años 80 y 90, República Dominicana vivió un notable incremento de la delincuencia. Factores estructurales como la pobreza, el desempleo, la desigualdad social y el aumento del narcotráfico alimentaron una espiral de violencia. La llegada de deportados desde Estados Unidos también impactó negativamente en los niveles de seguridad urbana. A esto se suma la participación de bandas organizadas y la debilidad de un sistema policial que, pese a los esfuerzos de diversos gobiernos, ha sido criticado por su inoperancia y falta de credibilidad ante la ciudadanía, detalló.

«No ha bajado en la medida que uno quiere (delincuencia), otro tema es la famosa percepción. Porque la percepción es una mezcla de lo inmediato, y tambien de lo que tú tienes en la memoria», indicó, Roberto Santana.

Según datos oficiales, si bien entre 2010 y 2020 se registró una disminución progresiva en las tasas de homicidios, bajando de 21.8 a 9.2 por cada 100,000 habitantes, esta tendencia se revirtió en los últimos años. En 2023, la tasa de victimización por delincuencia alcanzó el 24%, mientras más del 90% de la población en 12 municipios del país expresó sentir miedo ante la criminalidad. El informe de Participación Ciudadana y Transparencia Internacional revela que ocho de cada diez personas consideran que viven en un municipio inseguro, lo que refleja una alarmante percepción de vulnerabilidad.

En tanto que, los altos costos sociales y económicos de la violencia son otro factor de preocupación. En países latinoamericanos, se estima que la delincuencia puede absorber hasta el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), afectando la educación, el turismo y la inversión extranjera. En este contexto, voces como la del politólogo Roberto Santana han señalado la hipocresía política como uno de los principales obstáculos para lograr una seguridad ciudadana real, abogando por reformas estructurales en el sistema penitenciario y policial. Su liderazgo en la reforma carcelaria ha sido clave para atacar uno de los puntos más vulnerables: la criminalidad desde el interior de las prisiones.

Por su parte, la especialista en seguridad, Carolina Ramírez, sostuvo que la reforma policial por sí sola, no puede mitigar la delincuencia y la criminalidad, «eso es como echarle un vaso de agua a una cubeta».

La reciente implementación de la segunda etapa de la reforma policial, liderada por el gobierno de Luis Abinader y la nueva ministra de Interior y Policía, Faride Raful, busca devolver la confianza a la ciudadanía mediante modernización, eficiencia administrativa y articulación interinstitucional. Sin embargo, el reto no es solo cambiar uniformes o lemas institucionales. La verdadera prueba será si estas acciones logran reducir no solo la percepción de inseguridad, sino la violencia real que afecta la vida cotidiana de miles de dominicanos.