JCE recibió cuatro denuncias sobre compra y venta de cédulas; acusan a Collante de violar Ley Electoral

Santo Domingo.- Cuatro denuncias formales han sido sometidas y recibidas por la Junta Central Electoral (JCE) en relación con la ley que rige los comicios , informó este jueves el director nacional de Elecciones, Mario Núñez.

En rueda de prensa, Núñez sostuvo que una de las denuncias vinculan a la alcaldesa del municipio Esperanza, Ana Jacqueline Peña, y otra al director del Departamento Portuario, doctor Marino Collante, las cuales ya fueron tramitadas a la Procuraduría General de la República. No se refirió  las otras dos denuncias que, dijo, han sido recibidas con relación a violaciones a la ley electoral.

“Será la Procuraduría quien determine a través del Ministerio Público, y lo que establece la Ley Electoral, quien imponga las medidas o penas a los violadores de la misma”, aclaró Mario Núñez.

Agregó que el órgano electoral recibió las denuncias, vinculadas con soborno, compra y venta de cédulas.

En el caso de Marino Collante, la JCE fue apoderada de un video que “ya fue tramitado a la PGR”, a los fines de proceder con la investigación. Núñez no ofreció detalles sobre el contenido del audiovisual.

Asimismo, advirtió que aquellos funcionarios de colegios electorales que, sin razón justificada, están renunciando, pueden ser sometidos a la Justicia.

“Una vez se acepta el cargo no puede renunciar. Aunque es una misión voluntaria, es obligatoria.  Aquellas situaciones se produzcan renuncias no justificadas, advertimos sobre sus implicaciones legales y penalizadas”, manifestó Núñez.

El Artículo 286 de la Ley Orgánica de Régimen electoral 15-19, sobre el delito de coartar el derecho de elegir,  establece que “serán castigados con reclusión de uno mes a seis meses y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, los que, teniendo a sus órdenes o a sus servicios empleados, trabajadores y otros individuos con derecho a elegir, incurrieren en despedir o amenazar con despedir o imponer cualquiera de estos una pena o rebaja de salario o de jornal o de otra prestación que le sea debida, por ejercer o impedir libremente el derecho a votar”.

Agrega que “las sanciones van desde  prisión, el pago de salarios mínimos dependiente la infracción: una vez hecha la investigación y se eleve la acusación, el Ministerio Publico procederá a presentar medida preventiva”.

Núñez agregó que hoy el pleno sostendrá una reunión con los secretarios y secretarias y juntas líderes del voto automatizado, las gestoras de los trabajos y enlace entre zonas regionales y la Junta Central Electoral.

“Lo que hacemos es traer desde el interior a cada secretaria de la Zona Sur, Este, Oeste y en los doce puntos donde están ubicados estos líderes para obtener un informe general de la situación”, indicó.

Al ofrecer una rueda de prensa, Mario Núñez dijo que dicha reunión forma parte de la coordinación de logística y coordinación a los fines de resguardar traslado e instalación de los equipos del voto automatizado.