Juan Miguel Castillo Pantaleón critica la sentencia del TC que otorga nacionalidad a haitianos ilegales

Santo Domingo.- El exjuez y abogado constitucionalista Juan Miguel Castillo Pantaleón consideró esta mañana como muy grave la decisión del Tribunal Constitucional de otorgar la nacionalidad a más 30 haitianos que viven ilegales en República Dominicana, porque en su sentencia viola la Constitución y ha incumplido su obligación primordial que es garantizar la aplicación de justicia.

“El argumento del Tribunal Constitucional carece de base legal, la base es el decreto de naturalización, que es el decreto 262-20, había sido demandada anteriormente en inconstitucionalidad por una cantidad de personas, entre las cuales figuran abogados, el primero de los cuales es quien les habla, y que el propio Ministerio de Interior  y Policía había dicho que el citado decreto emitido en los últimos días del último gobierno de Danilo Medina carecía de base legal”, destacó.

El exjuez denuncia la falta de base legal en la sentencia TC 0067/25 sobre naturalización

Denunció que mientras el TC ordena nacionalizar a un grupo de ilegales, “no ha fallado la acción de inconstitucionalidad que interpuse contra el decreto de naturalización #262-20, que benefició a esos 750 haitianos de los cuales estos treinta y tantos son parte”.

La sentencia TC 0067/25 que ordena al Ministerio de Interior y Policía nacionalizar 30 haitianos, fue emitida por el alto tribunal el pasado 28 de marzo, del año en curso.

Acusó a la alta corte de cometer prevaricación, pues deniega justicia, pues sin fallar un caso de inconstitucionalidad contra la naturalización de un grupo de haitianos ilegales sometido hace 5 años, ahora emite una sentencia en favor de esos nacionales.

Castillo Pantaleón asegura que esta decisión compromete el Estado de Derecho en República Dominicana

“La reciente decisión del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 067 del año 2025, en materia de amparo ha ordenado al Ministerio Interior y Policía juramentar como dominicanos a una treintena de haitianos, revocando así una decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa que había rechazado esa pretensión, carece de base”, sostuvo.

Añadió que “la base de ese decreto de naturalización, que es el decreto 262-20, había sido demandada anteriormente en inconstitucionalidad por una cantidad de personas, entre las cuales figuran abogados, el primero de los cuales es quien les habla, el propio Ministerio de Interior y Policía incluso había rendido un informe al Presidente de la República señalando que este decreto dado durante la transición de los últimos días del gobierno de Danilo Medina no contenía el cumplimiento mínimo de los requisitos de la ley de naturalización, carece de la documentación elemental para que fuera concedido este privilegio a estos extranjeros”.

Lamentó que aunque el decreto 262-20 fue demandado en constitucionalidad,  el Tribunal Constitucional a cinco años de su demanda no se ha pronunciado.

“Sin embargo, legitima su contenido absolutamente ilegal e inconstitucional, esto es muy grave, ha incumplido su obligación primordial, el precedente, por lo tanto, es sumamente grave y compromete la vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución de la República. Es una verdadera pena que esto haya sido hecho de manos del propio Tribunal Constitucional”, consideró.

La sentencia

El pasado 28 de marzo el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0067/25, en la que acoge un recurso de amparo sometido por un grupo de ilegales haitianos y ordena al Ministerio de Interior y Policía juramentarlos como dominicanos. La decisión se  produce cuando el gobierno anuncia 15 medidas para enfrentar la inmigración ilegal.