Juez de EE. UU. dice podría declarar al gobierno de Trump en desacato judicial

Washington.- El juez federal James Boasberg, advirtió que podría declarar en desacato al gobierno del presidente Donald Trump, por haber ignorado una orden judicial que suspendía las deportaciones de más de 200 personas hacia El Salvador el mes pasado.

Pese a que la orden judicial imponía una pausa de 14 días, los vuelos continuaron. La administración se amparó en una antigua ley de 1798 —la Ley de Enemigos Extranjeros— para justificar las deportaciones masivas.

“El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni apresuradamente”, escribió Boasberg. “Ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar. Ninguna respuesta ha sido satisfactoria”.

La Casa Blanca responde y anuncia apelación

Desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones Steven Cheung anunció que planean apelar la decisión judicial. La vocera presidencial Karoline Leavitt también negó que el gobierno haya desobedecido al tribunal, asegurando que la orden llegó después de que los vuelos ya habían despegado.

Boasberg advirtió que el desacato aún puede evitarse si la administración explica sus acciones y cumple con la orden original antes del 23 de abril. De lo contrario, el juez podría identificar a los responsables individuales y recomendar su enjuiciamiento. Este proceso recaería sobre el Departamento de Justicia, que en ese momento aún reportaba a la administración Trump.

Fallo de la Corte Suprema y tensiones con el poder judicial

La Corte Suprema determinó posteriormente que Trump podía invocar legalmente la Ley de 1798 para ejecutar deportaciones. Sin embargo, Boasberg enfatizó que ese fallo no justifica el incumplimiento de su orden temporal anterior.

La situación ha intensificado la tensión entre el poder judicial y la Casa Blanca, especialmente después de que Trump usó su red Truth Social para tildar al juez Boasberg de “alborotador y agitador”, pidiendo incluso su destitución.

Deportaciones a El Salvador: contexto y polémica

Los más de 200 deportados —en su mayoría venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua— fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador. El país centroamericano acordó recibirlos a cambio de 6 millones de dólares.

El acuerdo se cerró tras una reunión entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, donde se expresó el interés de continuar con los vuelos de deportación.