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Juez decidirá si envía o no a prisión preventiva a imputados de Operación Nido

Publicado en Nacionales, hace 2 meses

Santo Domingo-El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó para este jueves a las 7:00 de la noche el fallo sobre la solicitud de medida de coerción incoada por el Ministerio Público contra la presunta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido.

En las manos de Sena está el destino de los siete imputados y dos empresas acusados de estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos a más de 300 afectados, de los cuales más de 200 han presentado querellas, informó el Ministerio Público.

En la larga jornada de hoy ya fueron escuchados el Ministerio Público, las víctimas y los presuntos estafadores. También los abogados defensores de estos últimos.

Consideró que lo más importante ha sido lo expuesto por su defendido, el imputado Rosario, quien reconoció su culpabilidad y vincula de manera directa como único responsable de las estafas a Emmanuel Rivera, señalado como el cabecilla en la Operación Nido.

Rosario dijo al juez que la Ruth Towers, de 14 apartamentos había sido vendida 31 veces, a igual cantidad de víctimas.

Los imputados en la estafa, junto a Rivera Ledesma, son Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.

Falla técnica alargó procesoUna falla técnica en la sala de audiencias donde se le conoció la medida de coerción a los imputados provocó que todo el debate iniciado este miércoles no quedara grabado, por lo que la audiencia tuvo que reiniciarse completa alrededor de la 1:30 de la tarde. El juez Sena aplazó la noche del martes el conocimiento de la coerción por agotamiento.

MP pidió prisión domiciliaria para tres

El Ministerio Público varió su solicitud de medida de coerción para tres de los imputados, a fin de que se les imponga arresto domiciliario y no prisión preventiva en una cárcel, estos son: la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, por estar lactando, y a su hija, María Gabriela Rivera (porque era menor cuando ocurrieron los hechos), y a Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con el Ministerio Público.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los cuatro restantes.

“Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas”, dice el documento oficial del órgano acusador.

Indica que los encartados movilizaron cantidades millonarias de dinero a través de cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero. Dice que el “líder de la organización criminal -Emmanuel Rivera- amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas, ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia, asegura el MP.

La acusación directa es de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos e intentar agredir imputados en la sede judicial

Un grupo de víctimas de la estafa intentaron nuevamente golpear a los imputados mientras eran sacados por agentes policiales del tribunal de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

Las víctimas, a quienes le adeudan millones de pesos, vociferon el martes frases impublicables a los encartados, muchos de los cuales tapaban sus rostros con paños y manos para no ser captados por las cámaras de los medios de comunicación en la salida apresurada de la sede judicial

Imputados no pueden pagar a las víctimas

Uno de los abogados que representa a 10 de los querellantes en la estafa dijo que los imputados no tienen la solvencia económica para pagar a las víctimas.

El abogado Jean Cristofer Pérez manifestó que ante esta situación, en su momento, solicitarán la intervención del Gobierno, tal y como ocurrió en 2013 cuando el Estado asumió y pagó a los afectados por el desfalco del Banco Intercontinental (Baninter).

“Estos señores están insolventes para pagar a la parte querellante, en ese sentido nosotros nos vamos a ver en la necesidad de solicitar la intervención del Gobierno, para que en su momento pueda colaborar con la indemnización de las víctimas”, indicó el jurista.

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