La desigualdad en la protección ciudadana

Emelyn Herasme  

La semana pasada compartimos un análisis en el que concluimos sobre la importancia de mantener una capacidad de escándalo social para generar respuestas efectivas por parte de los gobiernos ante problemas sociales que aquejan a la ciudadanía.

Tomemos como ejemplo el reciente caso de Sudiksha Konanki, una joven india de 20 años desaparecida en Punta Cana la noche del 6 de marzo de 2025. Este suceso, que ha conmocionado a la sociedad dominicana y captado la atención de medios internacionales, sirve como reflejo claro del tema que abordaremos. Su desaparición ha agitado conciencias e ilustra con precisión las dinámicas de respuesta estatal que queremos explorar.

Lejos de entrar en detalles sobre el caso específico, es fundamental reflexionar sobre un aspecto que, sin duda, llamó la atención de todos y todas las que seguimos de cerca este caso: la asombrosa rapidez con la que el gobierno movilizó sus fuerzas y recursos para buscar a una persona extranjera, mientras que casos similares que afectan a nacionales quedan a menudo sin la misma atención o urgencia.

El fenómeno observado puede denominarse «doble rasero en la protección ciudadana», «sesgo en la acción estatal», o incluso «asimetría en la respuesta gubernamental». Desde una perspectiva política y de políticas públicas, este tipo de comportamiento podría encuadrarse dentro del concepto de «selectividad en la seguridad pública» o la «jerarquización de la protección estatal», donde la vida de ciertos individuos parece tener un valor superior en función de su nacionalidad, clase social o incluso la relevancia internacional que poseen.

La rápida y desproporcionada reacción ante la desaparición de una persona extranjera, mientras que las tragedias que afectan a los propios nacionales son frecuentemente ignoradas, remite a lo que algunos analistas podrían llamar «colonialismo interno» (González Casanova, 1965). El Estado parece reproducir una lógica de dependencia y subordinación ante potencias extranjeras, donde las élites gubernamentales asignan un valor desigual a la vida humana.

Aquí, claramente, se pone de manifiesto la realidad en la que vivimos: la consideración de ciertos individuos como más dignos de protección que otros, únicamente por su origen o estatus internacional.

Más aún, este sesgo puede estar vinculado al «síndrome de dependencia estructural», que es considerado un fenómeno donde los Estados del Sur Global, como el nuestro, buscan evitar cualquier conflicto con potencias hegemónicas, incluso si esto implica la desprotección de su propia población. Es una estrategia de supervivencia que, en última instancia, debilita la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado.

Por último, si la omisión en la respuesta gubernamental a los casos de desapariciones nacionales es producto de factores estructurales como la falta de recursos o la corrupción, se podría hablar de «desigualdad en la garantía de derechos» o incluso de «violencia estructural estatal” (Galtung, 1969).

Este tipo de inacción expone una jerarquización implícita de quién merece ser protegido y quién no, guiada por intereses políticos, económicos y geopolíticos que, en lugar de servir al bienestar común, prioriza a aquellos que representan un capital simbólico superior.

La reflexión es clara: para lograr una democracia más justa, es vital que los gobiernos actúen de manera coherente, equitativa y transparente, sin permitir que el valor de la vida humana dependa de la nacionalidad o del estatus internacional de los individuos involucrados. Solo entonces podremos hablar de un Estado que verdaderamente protege y vela por los derechos de todas las personas, sin distinciones.

¿Por qué, cuando la víctima es uno de los nuestros, la urgencia se desvanece como un susurro en la brisa? Mientras tanto, innumerables familias dominicanas, con el corazón en un puño, permanecen ancladas en la espera, sus ojos fijos en la puerta, donde el amor y la esperanza se entrelazan en un abrazo eterno, aguardando el regreso de sus hijos.

Estas madres y padres, queridos y cercanos, merecen la misma premura que se muestra en casos de resonancia internacional. Su dolor silencioso y su anhelo inquebrantable deberían ser un llamado ineludible a la acción. Es hora de que el Estado responda con igual dedicación, sin importar gentilicios. Que su esperanza no sea en vano.