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La FJT rechaza decisión de juez al obligarle a unificar acusación con otras instituciones en el caso alcalde de SFM‏

Publicado en Nacionales, hace 7 años

Santo Domingo.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), rechazó la decisión del juez instructor Víctor Mejía Lebrón de obligar a las tres entidades querellantes a unificar su acusación y limitar sus abogados representantes a solo dos, en el juicio que por corrupción se le sigue al alcalde de San Francisco de Macorís señor Félix Rodríguez Grullón.

La entidad de sociedad civil anunció a través de sus abogados apoderados Danyeliz Vilorio y Víctor Marte que recurrirán la arbitraria sentencia del juez, por ser absurda y violatoria al debido proceso de ley, al pretender diezmar la capacidad de los querellantes con apenas dos representantes para las tres instituciones, dejando a una de la entidades sin representación.
Mejía Lebrón aplazó para el 6 de marzo a las 10 de la mañana, el juicio donde se investiga el desfalco de más de 400 millones de pesos al ayuntamiento de San Francisco, por parte del alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la ex tesorera del ayuntamiento Fiordaliza Genao Hernández, el ex encargado de nómina Jerson Lizardo y su esposa Ana Hilda Bovier Aquino. A la audiencia no asistió el ex encargado de nómina Jerson Lizardo, ni sus abogados.

Rodríguez Grullón y los demás están implicados en el desfalco, robo, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otras imputaciones tipificadas en los artículos 123, 145, 147, 150, 151, 266, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís.
El alcalde Rodríguez Grullón como los ex funcionarios fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría General de la República, luego de una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas.

Finalmente Justicia y Transparencia advirtió a Mejía Lebrón, que no permitirá que sus derechos le sean pisoteado y que harán valer sus alegatos por todas las instancias y vías posible, reclamando que de conformidad con el código procesal penal y en virtud del principio de igualdad de armas, la fundación pueda contar con sus tres abogados al igual que la parte acusada.

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