La millonaria suma que SENASE pagó a funcionario de Edenorte, según Miniterio Público caso Lobo

Santo Domingo.- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, en su calidad de director de Seguridad Física de la empresa distribuidora de electricidad EdeNorte, recibió la suma de RD$35,319,179.54 en pagos de sobornos por parte de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), para la gestión de cobros de facturas en la institución pública.

Así lo establece el Ministerio Público en el expediente de solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra suya y de otros nueve imputados en la Operación Lobo, el cual fue depositado la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

«El Ministerio Público ha identificado, hasta el momento, que durante el período 2020-2025, el imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal recibió la suma de RD$35,319,179.54, en calidad de sobornos», se afirma en el documento.

El órgano persecutor indica que los presuntos pagos o «comisiones» que SENASE, propiedad del también imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez González, realizó, fueron entregados a Fernández Espinal a través de transferencias directas a sus cuentas o a las de terceros vinculados a él, incluyendo su esposa, su hermana y su cuñado.

«Es preciso señalar, que las transacciones destinadas a distribuir los sobornos al imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal, no se encuentran soportadas en documentación contable que pueda justificar la licitud de estas entregas de dinero, por el contrario, como respaldo de estas existen unas nóminas tituladas «distribución de comisiones», en la que se identifica el pago desembolsado por el Estado a favor de la acusada Servicio Nacional de Seguridad Privada (SENASE) SRL, el monto el porcentaje y el beneficiario o intermediario de los sobornos entregados», manifestó.

Sobornos en Edenorte no se limitaron a pagos realizados por SENASE

Del mismo modo, el Ministerio Público afirma que el proceso de distribución de sobornos a funcionarios de Edenorte no se limita únicamente a los realizados por Quilvio Bienvenido Rodríguez González y la empresa investigada Servicio Nacional de Seguridad Integral (SENASE), S.R.L., sino que en esta práctica también incurrió la empresa Consultores en Sistemas de Información y Seguridad, S.R.L. (CONSULSISE).

«A través de su representante Antonio Valentín Jáquez López, (CONSULSISE) entregó la suma de RD$1,650,000.00, al director de Seguridad Física de esta entidad, el imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal», aseguró.

Otros imputados en la Operación Lobo

Además de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos y el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz.

El grupo, que se encuentra bajo arresto y a la espera de que un tribunal les conozca la solicitud de medida de coerción, habría afectado, además de Edenorte, al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad EdeEste y EdeSur.

El expediente del Ministerio Público señala que el presunta red criminal habría recibido, hasta el momento, una suma pagada en sobornos ascendente a los ciento ocho millones de pesos (RD$108,000,000.00), los cuales habrían sido exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios imputados.

La investigación

En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, para enfrentar la red que habría afectado a las referidas instituciones del Estado.

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.